Chicago (AP).- Un tribunal federal de apelaciones puso en pausa el miércoles una orden que restringía el uso de la fuerza por parte de los agentes federales de inmigración en el campo de acción de Chicagoa posteriori de etiquetar la medida como “demasiado amplia” y “demasiado prescriptiva”.

Pero el Tribunal Federal de Apelaciones del 7º Circuito asimismo advirtió en contra de una “interpretación excesiva” de su suspensión y señaló que un rápido proceso de apelación podría conducir a una orden “más ajustada y adecuada”.

La jueza federal Sara Ellis emitió hace unas semanas una orden procesal preliminar en respuesta a una demanda interpuesta por medios de comunicación y manifestantes, quienes afirmaban que los agentes federales usaron fuerza excesiva durante un activo migratorio que ha dejado más de 3.000 ímpetu desde septiembre en la tercera ciudad más excelso del país y sus suburbios.

Abogados del gobierno argumentaron que la orden restringía la aplicación de las leyes del país y podría “trastornar” la estructura constitucional.

En su orden de suspensión del miércoles, el panel de tres jueces señaló que era probable que los argumentos del gobierno prevalecieran frente a el tribunal.

“La orden procesal preliminar que emitió el tribunal de distrito es demasiado amplia”, se indicó en el resolución de dos páginas. “En términos inequívocos, la orden del tribunal de distrito restringe a un amplio rango de demandados, incluyendo al presidente de los Estados Unidos, todo el Sección de Seguridad Franquista y el de Probidad, y a cualquiera que actúe en concierto con ellos”.

Agregó que la orden era “demasiado prescriptiva” al especificar el tipo de armas de control de disturbios y otros dispositivos de tal modo que “se asemeja a una regulación federal”.

Entre otras cosas, la orden de Ellis restringía a los agentes de usar fuerza física y agentes químicos como gases lacrimógenos y bolas de pimienta, a menos que fuera necesario o para organizar una “amenaza inmediata”. Añadió que las prácticas actuales violaban los derechos constitucionales de periodistas y manifestantes.