La Corte Suprema de Honestidad de Argentina confirmó este martes la condena a seis abriles de prisión por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como su inhabilitación perpetua para practicar cargos públicos. La sentencia, dictada en la llamamiento “causa Vialidad”, marca un hito en la historia política del país, afectando a una de las figuras más influyentes del peronismo contemporáneo.

Kirchner, de 72 abriles, podrá alcanzar al beneficio de prisión domiciliaria por su perduración. Según el resolución, durante sus dos mandatos como presidenta (2007-2015), la exmandataria direccionó contratos de obras públicas por montos millonarios en la provincia de Santa Cruz a crédito del patrón Lázaro Báez, considerado su socio y supuesto testaferro.

El mayor tribunal incluso rechazó el pedido de la Fiscalía de agravar la pena a 12 abriles de prisión e incluir el delito de asociación ilícita. No obstante, la ratificación de la inhabilitación perpetua bloquea cualquier aspiración electoral de Kirchner, quien días antiguamente había anunciado su intención de postularse como diputada en las elecciones legislativas de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

Cristina Kirchner, actualmente presidenta del Partido Justicialista (PJ), escuchó el resolución en la sede del partido, rodeada de dirigentes y legisladores. A las ensanche, militantes peronistas realizaron cortes en los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires en señal de protesta.

Fiel a su estilo, la exmandataria rechazó los cargos, denunció una persecución legal y comparó su caso con el del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quienes incluso fueron condenados por corrupción en sus países. Kirchner asegura ser víctima del llamado leyuna táctica que, según ella, combina el uso del poder legal con los medios de comunicación para debilitar a líderes progresistas.

La condena se friso en el direccionamiento de 51 contratos de obras viales —el 79% de las ejecutadas en Santa Cruz durante ese período— a Austral Construcciones, una empresa creada poco antiguamente de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia en 2003. La Fiscalía sostuvo que la adjudicación fue sistemáticamente favorecida y respondió a un esquema fraudulento de desvío de fondos públicos.

El resolución de la Corte representa un esforzado gracia político para la principal fuerza opositora al gobierno del presidente Javier Milei, en un contexto de adhesión polarización y fragilidad institucional. Kirchner, que fue incluso vicepresidenta entre 2019 y 2023, sigue siendo una figura polarizante, con esforzado respaldo popular en sectores del peronismo, pero rechazada por amplios segmentos de la sociedad argentina.