El caso Senasa no es un hecho apartado, sino la reiteración de un patrón histórico que desnuda la persistente pasión institucional del Estado dominicano.

Ni siquiera los procesos judiciales por corrupción, que hoy mantienen en el banquillo de los acusados a exfuncionarios del pasado gobierno, han sido suficientes para frenar, o al menos infundir temor a la avidez desmedida de quienes continúan incurriendo en prácticas para estafar al Estado. Estamos, sin dudas, en presencia de una señal negativa para la tan cacareada lucha contra la corrupción.

Los servidores públicos que terminan envueltos en este tipo de escándalos parecen convencerse de que son intocables, ya sea por el poder que ostentan en determinado momento o por la protección actual o imaginaria que creen tener.

Tras lo ocurrido a partir del año 2020, cuando el presidente Luis Abinader asumió la conducción del Estado, el llamado Ocupación Notorio “independiente” mantuvo al país en vilo con el apresamiento de altos funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Muchos llegamos a creer que los promotores del cambio y paladines de la ética no se acercarían, ni de allí, a las prácticas que tanto criticaron.
Sin secuestro, la sinceridad ha sido otra: el retrovisor se impuso al parabrisas, y algunos decidieron mirar alrededor de antes.

República Dominicana dispone de múltiples mecanismos para guardar las actividades económicas de la Sucursal pública: la Contraloría Militar de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección Militar de Compras y Contrataciones Públicas, la Comisión Doméstico de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), creada este año por el propio presidente Abinader; la Dirección Militar de Ética e Integridad Estatal; la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, que, por naturaleza, actúa posteriormente de cometido el hecho, encima de los controles internos de cada institución.

La gala de estos organismos debe ser seriamente cuestionada. Resulta inaceptable que continúen “colándose” grandes casos de corrupción, como si ninguna de estas entidades tuviera responsabilidad alguna sobre lo que ocurre con el manejo de los bienes públicos.

La pecado de estas reiteradas barbaries contra el patrimonio conocido no sólo recae sobre los políticos. Asimismo es de empresarios sin escrúpulo, que se prestan a desangrar el tesoro.