Corruptos administradores de la cosa pública siempre tendremos en el Estado, pues conforme a la teoría del delito, la proclividad al dolo se presenta innata en determinados individuos, al beneficio de la condición social o educación.

Por consiguiente, no hay gobierno ni partido oficial exentos de escándalos de corrupción, como el destapado ahora en el Seguro Franquista de Sanidad (Senasa)que afecta a millones de afiliados de esa ARS pública.

Los problemas forense y ético surgen en el trato que el gobierno, léase el presidente Luis Abinader, conceda a los funcionarios sospechosos de tener incurrido en violaciones penales. Es el dilema que encaran los jefes de Estado, de gobierno o el dueño de negocio privado: encubrir al amigo que roba, equivalente a la impunidad, o perseguir la corrupción.

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De la primera alternativa tenemos ejemplos a copioso; los más recientes cuando el presidente Danilo Medina en absoluto se “enteró” de las depredaciones al fisco protagonizadas por familiares, funcionarios y espalderos; o el caso Tierra solardurante la trámite del presidente Leonel Fernández. Los dos gobernantes facilitaron a subalternos el camino de la impunidad.

En cambio, Abinader ha optado por la segunda alternativa: investigar el caso de corrupción denunciado en el Senasa, destituir a los presuntos responsables y depositar el expediente en manos de Nueva Berenice Reynosoprocuradora común de la república.

Abinader hizo lo correcto y ha actuado correctamente frente a procesos similares anteriores, que involucraron a figuras del partido gobernador, incluso entregándolos a la neutralidad estadounidense en temas de narcotráfico, encima detectar el robo de los fondos públicos.

Porque la impunidad ralentiza la neutralidad, masifica la corrupción y daña la sociedad; es la equivocación de castigo, es opinar, la exención que un delincuente logra de la pena en que ha incurrido.

La más popular, la más irritante, al opinar de Cabanellas, está representada por aquellos casos en que, siendo conocidos los autores, no se los persigue por razones políticas, siempre abusivas y propias de Estados en los que la exención ha sido cercenada, la prensa amordazada, los tribunales prostituidos y el poder entregado en manos de una minoría sostenida por la coacción, el miedo y la cobardía generalizadas.

Ausencia de eso ocurre hoy en la sociedad dominicana, donde prevalece un régimen de libertades públicas que destaca principalmente el derecho de la muchedumbre a expresarse autónomamente, sin restricciones; el sistema de neutralidad no es consumado, pero ha ido perfeccionándose con un novedoso Código Penalcapaz de encerrar con creces, cuando entre en vigor en agosto, al más audaz de los criminales. Y la coacción aquí no funciona.

Tiene razón la magistrada Berenice Reynoso cuando afirma que la corrupción no es un simple problema burócrata,