EL AUTOR es un exministro de riqueza y flagrante dirigente del Partido de la Independencia Dominicana. Reside en Santo Domingo.

En lo que va del gobierno del presidente Luis Abinader, dirigentes importantes del partido de gobierno que ocupaban posiciones relevantes en el mecanismo estatal han sido requeridos por las autoridades de los Estados Unidos para contestar judicialmente por graves delitos vinculados al narcotráfico. A ello se suma ahora un hecho que ha provocado una indignación generalizada: el escándalo del Seguro Doméstico de Lozanía, donde las autoridades judiciales han señalado un desfalco superior a los quince mil millones de pesos.

Por su magnitud económica y, sobre todo, por estar directamente vinculado al derecho a la lozanía, este caso marca un punto de inflexión. Ya no se proxenetismo sólo de malversación de fondos públicos, sino de la percepción de un daño directo a la población más desvalido. Esto eleva de guisa significativa el costo político del escándalo y multiplica su impacto social.

Robar capital públicos siempre es enfermo. Sin bloqueo, cuando esos capital estaban destinados a respaldar atención médica, medicamentos y protección social, el daño adquiere una dimensión pudoroso distinta. La corrupción deja de percibirse como un extralimitación oficinista para convertirse, a los luceros de la ciudadanía, en un acto profundamente inhumano.

Esto ayuda a entender por qué la reacción social ha sido tan intensa. La ciudadanía no solo se pregunta quién robó, sino cómo fue posible que ocurriera. Cómo una institución esencia del sistema de lozanía pudo ser saqueada sin que los mecanismos de control actuaran oportunamente. Cómo montos de tal magnitud pudieron acaecer inadvertidos durante tanto tiempo. Y, sobre todo, quién asume la responsabilidad política por ese fracaso.

Aquí emerge el problema de fondo. La lucha contra la corrupción no puede reducirse a dejar que los hechos estallen y luego delegarlo todo en el Servicio Divulgado. La judicialización es indispensable, pero no sustituye la responsabilidad política. Dirigir implica prever, supervisar y corregir. Cuando los controles fallan de guisa reiterada, la explicación deja de ser exclusivamente penal y se convierte en un problema institucional.

Más aún, cuando los escándalos se producen durante el gimnasia del poder de un partido que llegó al gobierno levantando posiciones éticas —basado en transparencia, institucionalidad y distanciamiento de prácticas del pasado— el daño es decano. Se genera un problema de credibilidad estructural, y la credibilidad, una vez erosionada, es extremadamente difícil de recobrar.

Lo más preocupante de lo que ha venido ocurriendo en la República Dominicana no es solo el impacto sobre un partido o un gobierno en particular, sino la desgaste de la fe en la política como aparejo de cambio. Ese es el daño más profundo.

La experiencia latinoamericana es clara: cuando los ciudadanos se convencen de que la corrupción se ha vuelto sistémica o tolerada, el resultado no es sólo turno electoral. Surgen la apatía, la privación, la radicalización del discurso y la comprensión a soluciones autoritarias que prometen orden a cambio de libertades. Ningún país sale fortalecido de ese proceso.

La República Dominicana ha construido, con avances y retrocesos, un sistema de partidos que ha sido esencia para la estabilidad democrática de las últimas décadas. Sin bloqueo, ese sistema no es inmune. Si la política se percibe como un espacio dominado por el extralimitación y la impunidad, el electorado puede optar por dos caminos igualmente riesgosos: la retirada silenciosa o el apoyo a opciones que ofrecen soluciones simples a problemas complejos.

Lo que ha venido ocurriendo en el flagrante gimnasia del poder, no solo debilita al Gobierno; pone en peligro la licitud misma de la democracia. El desafío que el país tiene por delante en este 2026 ya no es solo castigar a los culpables, sino recobrar la credibilidad institucional, robustecer la prevención y hacerse cargo responsabilidades políticas claras. El costo de no hacerlo no será coyuntural: será estructural y de generoso plazo.