El autor es político y comunicador. Reside en Santo Domingo

El flagelo de la corrupción y la impunidad ha sido, durante décadas, una de las enfermedades más destructivas de la vida institucional de la República Dominicana, y no es un aberración ocasional: es parte de una crisis completo que erosiona la confianza de los pueblos en sus Estados y en la democracia misma.

En este contexto, resultó para mí reconfortante encontrar en mi papelero una copia de los Estatutos fundacionales de la entidad “Argumento contra la Corrupción”, creada el 8 de junio de 1998 en Santo Domingo. En ella participaron personalidades que representaban lo mejor de nuestra sociedad: empresarios de gran visión, líderes de la Iglesia Católica, destacados periodistas y profesionales de agradecido prestigio. Entre los fundadores figuran nombres como:

José Manuel Paliza, Dr. César Destino Sadhala, Rvdo. Manuel Destino, Rvdo. Braulio Portes, Monseñor Francisco José Arnaiz, Dra. Josefina Padilla, Freddy Beras Goico, Sr. Manuel Arsenio Ureña, Dr. Ramón Antonio Veras, Sr. Bonaparte Gauterreaux Piñeiro, Dr. Rafael Molina Morillo, José Joaquín Puerello, Lic. Celso José Marranzini, Don José Vities, Sra. Norma de Vargas, Dr. Edilberto Cabral, padre Ramón Alonso, Don José Héroe Asencio, Ing. Abraham Halloury, padre Jorge Cela, Doña Mary Marranzini, Dr. Frank Castillo, Sr. Huchi Lora, Dr. César Melladura, Lic. Aida Consuelo Hernández, lic. Elena Viyella de Paliza, lic. Rafael Toribio, Don George Arzeno Brugal, Sr. Enrique Fernández, Lic. Carlos Despradel y Sr. Juan Manuel García.

Una paga que, por sí sola, daba a la iniciativa una autoridad pudoroso indiscutible.

La sola ojeada de estos nombres nos recuerda que la lucha contra la corrupción no es un tema nuevo, ni mucho menos  una moda pasajera. Desde hace más de un cuarto de siglo, las conciencias más lúcidas del país han eminente su voz contra este mal que carcome la vida doméstico. Sin requisa, lo dramático es que, pese a esos esfuerzos, la corrupción y la impunidad no solo han persistido, sino que han cogido niveles escandalosos y casi insoportables.

La pregunta, entonces, se impone: ¿En qué hemos fallado?

•   Fallamos en construir un sistema sumarial acorazado contra la manipulación política.

•   Fallamos en impedir que los partidos se convirtieran en maquinarias de negocios, alimentadas por clientelismo y pasta desaseado.

•   Fallamos como ciudadanos, al no ser suficientemente exigentes ni consecuentes con nuestro voto.

•   Y fallamos al permitir que el Estado se deslizara con destino a una civilización de impunidad, donde el delito deja de tener consecuencias.

Hoy, el pueblo dominicano está agobiado, anonadado y hasta aterrorizado, porque ve cómo los mismos vicios se repiten sin castigo: desfalcos que quedan en la sombra, funcionarios que se enriquecen sin rendir cuentas, y mafias enquistadas en instituciones que deberían servir al ciudadano.

Hay un aspecto adicional que resulta especialmente preocupante: una parte de la clase empresarial terminó sustituyendo al propio Estado, controlando sectores estratégicos, usufructuando privilegios y normalizando la corrupción como mecanismo de acumulación. La clase política, acullá de poner freno, se convirtió en cómplice al entregarle parcelas de poder a cambio de financiamiento electoral y respaldo crematístico.

Pero no todo está perdido. La historia enseña que los pueblos pueden rectificar el rumbo cuando despiertan y reclaman su derecho a radicar con dignidad y ecuanimidad. Lo hicieron los fundadores de la República, lo hicieron quienes enfrentaron dictaduras, y lo podemos hacer ahora frente a la dictadura invisible de la corrupción.

La corrupción y la impunidad son una amenaza tan seria como cualquier invasión extranjera. Frente a ellas, el deber es claro: no callar, no claudicar y no transigir nones con el robo al hacienda notorio ni con la fraude a la ecuanimidad.

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