A padres, madres y personas adultas responsables del cuidado de la población inmaduro se les otorga la función de la crianza de la preliminares y adolescencia según parámetros de conducta socialmente aceptados

El cumplimiento de esa función implica que adquieren el derecho -y la responsabilidad- de aplicar castigos sobre la preliminares y adolescencia en su proceso de formación, para sancionar y corregir las acciones que violan las normas establecidas. Es sostener, adquieren derechos de sucursal de la violencia sobre sus hijas/os, nietos/as, sobrinos/as, entre otros… Ese derecho a la violencia correctiva encuentra su expresión en las denominadas pelas.

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“Dar pelas” no se percibe como una bono violenta si la aplican padres/madres, tíos/as y abuelos/as, tutores responsables de la crianza de la preliminares y adolescencia y no tenga consecuencias de heridas graves que la visibilicen.

El uso de las pelas está aceptado porque se entiende como corrección necesaria para la “educación” de la población inmaduro. Este sentido de corrección legitima la violencia entendiéndose que su objetivo es “mejorar” la conducta y promover las pautas culturales que sostienen la interacción social.

Las pelas son parte del control de la autoridad y el poder y apuntan a la reproducción de relaciones de subordinación de la preliminares frente a la población adulta desde un carácter erguido. Ese control de violencia de madres, padres y familiares sobre niños y niñas se identifica como socialmente aceptado y necesario para una socialización efectiva.

El cuestionamiento a la legalización de las pelas como manifestación de violencia supone la observación crítica al modo de relacionarnos, los roles de padres/madres y la significación sociocultural de la grupo. Las pelas forjan un estilo de relación que combina lo amable con la violencia, “le doy pela porque lo quiero” , “uno le da su pelita porque quiere lo mejor para sus hijos” lo que se extiende a otro tipo de relaciones como las relaciones de pareja y sociales.

Estas prácticas de coerción social que se transfieren aprenden, moldean y norman nuestra vida cotidiana pasando por “dadas” y supuestas”, legitimadas y aceptadas, y casi nunca cuestionadas, porque implican revisar las tramas culturales de nuestra sociedad.

La legalización de las pelas entra en la esfera de lo implícito en nuestro contexto social, los mecanismos públicos solo interfieren cuando se presentan consecuencias graves de heridas, quemaduras, no así en las “pelitas” que forjan la cotidianidad. El maltrato inmaduro presente en las pelas que pautan las prácticas de crianza no cuenta aún con un régimen de consecuencias efectivo y una campaña educativa que promueva los derechos a la denuncia por la población inmaduro y adolescente víctima.