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La autora es investigadora y analista de políticas públicas. Reside en Santo Domingo
POR EMELYN HERASME
La COP30, realizada entre la selva amazónica y las calles de Belém, destacó por ser la primera celebrada en el corazón de la Amazonía, simbolizando una confrontación entre promesas globales y realidades locales. Lo más bonito no fue la sala de negociaciones repleta de ministros, sino la multitud que ocupó la ciudad, con indígenas, activistas y artistas desfilando unido a una enorme cobra simbólica y presentaciones callejeras que exigían acciones y ecuanimidad climática.
Esta COP fue particularmente singular porque tuvo circunscripción en un contexto inédito, ya que fue la primera posterior al año en que, según observatorios internacionales, el planeta superó de forma sostenida el filo de 1,5 °C respecto a la era preindustrial, convirtiendo la emergencia climática en condición presente y no en una proyección. Ese circunstancia cambió el sentido político de la negociación y elevó la exigencia por financiamiento inmediato y plausible.
Al mismo tiempo, se desarrolló en medio de las tensiones geopolíticas reactivadas por las políticas comerciales del gobierno de Donald Trump, cuyas tarifas globales impactaron los debates sobre comercio internacional, transición energética y cumplimiento de acuerdos ambientales.
La COP30 evidenció que ampliar montos es necesario pero insuficiente, sin mecanismos de entrega previsibles, transparencia efectiva y décimo social, los capital prometidos no se traducirán en reducción efectivo de vulnerabilidades. Esta brecha es extremadamente mortal para países con poca capacidad fiscal y fronteras costeras frágiles.
El término de “financiación climática” encierra no sólo una función técnica, es asimismo una responsabilidad política y pudoroso. Asignar capital implica reparar daños, compensar desigualdades históricas y sostener transiciones justas. Esta doble dimensión convierte el tema en poco más que un entrenamiento contable, pues muestra disputas de poder, prioridades divergentes y la privación de equilibrar ecuanimidad, capacidad financiera y necesidad ambiental.
La construcción financiera del clima ha ido acumulando instrumentos y promesas, el objetivo de 100.000 millones fijado en Copenhague (2009), la creación del Green Climate Fund y las sucesivas revisiones de las metas. Pese a estas instituciones, la movilización efectiva fue fragmentada y muchas veces condicionada a lógicas de cofinanciación que diluyen la adicionalidad del consumición climático.
En términos agregados, la distribución general de flujos muestra un desequilibrio que preocupa porque los datos recientes estiman que la financiación para acomodo en países en ampliación ronda decenas de miles de millones, frente a más de un billón anual para mitigación, una relación aproximada de 1 a 10, cuando la privación de acomodo en el Sur se calcula mucho decano.
El Green Climate Fund y otros mecanismos multilaterales han intentado corregir esta disparidad, comprometiéndose a equilibrar mitigación y acomodo en sus carteras, y a priorizar a países más vulnerables. Sin incautación, los instrumentos financieros siguen mezclando préstamos y subvenciones, lo que implica riesgos fiscales para receptores con prohibido espacio presupuestario.
En Belém hubo avances concretos, la COP30 impulsó una dietario para triplicar la financiación de acomodo en la próxima división y lanzó hojas de ruta para proteger capacidades técnicas. Pero esas declaraciones incluyen ambigüedades sobre plazos, fuentes públicas frente a privadas y condiciones de paso, lo que deja abiertas las puertas a interpretaciones que pueden no traducirse en desembolsos operativos.
Un argumento recurrente sostiene que sin la movilización masiva de hacienda privado no será posible alcanzar los volúmenes requeridos; es técnicamente cierto. Sin incautación, la dependencia acrítica del sector privado sin reglas claras de adicionalidad y equidad reproduce desigualdades,partes del flujo pueden contabilizarse como “climático” sin mejorar la resiliencia recinto. La política pública debe combinar apalancamiento financiero con garantías de ecuanimidad.
En el caso de la República Dominicana, incluida en la categoría utilitario de Pequeños Estados Insulares en Crecimiento (PEID), estas discusiones son existenciales. La exposición a huracanes, válido dependencia del turismo, restricciones fiscales y líneas costeras degradadas convierte la acomodo en una condición mínima de supervivencia. El país necesita capital concesionales y no sólo préstamos sujetos a la razonamiento del mercado.
La experiencia regional muestra fallas recurrentes en implementación de la financiación climática, porque muchos proyectos, aunque aparecen acertadamente financiados en papel, fracasan por la desidia de co-diseño con las comunidades, la limitada capacidad administrativa y la marcha de auditoría social. La desidia de control comunitario y de rendición pública debilita la confianza y reduce de forma significativa el impacto efectivo de los fondos.
Algunos temen que condiciones estrictas ahuyenten
Para RD y otros PEID, la principal aviso de Belém debe ser una dietario destreza que priorice transparencia verificable, financiamiento concesional para acomodo y espacios de control social con poder efectivo. Con esto será posible alterar las promesas de la COP30 en capacidades concretas. El desafío consiste en desplazar el debate del relato simbólico con destino a la ingeniería democrática que financie una verdadera democracia climática.
jpm-am
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