En los últimos primaveras, la cooperación con la probidad se ha convertido en una aparejo valiosa para desmontar estructuras criminales y avanzar en la lucha contra la corrupción.

Es un aparato auténtico, obligado por los sistemas modernos de persecución penal, y permite penetrar a información que de otro modo sería inalcanzable. Sin requisa, esta figura que resulta útil y necesaria, no puede transformarse en una vía para que quienes tuvieron ingreso responsabilidad en acciones criminales eviten el castigo que merecen.

Cooperar con la probidad, devolver posesiones sustraídos al Estado o delatar a otros involucrados no poso la responsabilidad penal de quien participó en la creación, dirección o sostenimiento de un entramado de corrupción.

La sociedad no puede aceptar que un funcionario o particular que construyó una maquinaria para desviar fondos públicos, que se benefició personalmente de millones y que utilizó su poder para enriquecerse ilegalmente, quede exonerado nada más por entregar una parte de lo robado a cambio de una negociación procesal.

La cooperación debe ser reconocida, sí. La devolución del efectivo debe ser un requisito indispensable. Pero no pueden convertirse en excusas para la impunidad. La responsabilidad penal es indelegable.

Aceptar que el arquitecto de un caso de corrupción salga prácticamente ileso porque “colaboró” enviaría un mensaje devastador de que el crimen puede ser rentable y que pespunte con compartir una parte del despojo para librarse del castigo.

La ley debe investigar la cooperación, pero la cooperación no es ventana de la impunidad.
La probidad debe ser un invariabilidad entre inteligencia investigativa y responsabilidad ético.

Ni la delación ni la negociación pueden anular la penuria de ratificación, como ocurre en otros sistemas judiciales.
Por eso, coopere, devuelva y pague. Y así hablaremos de verdadera probidad.