Por Victor Tricot

Gabriel Boric, el nuevo presidente proveniente del movimiento estudiantil de la lapso susodicho, asumió su gobierno encarnando la pulsión por el cambio expresado durante el estallido social de 2019 y aupado por el rechazo a la ultraderecha pinochetista que había triunfado en la primera reverso de la comicios presidencial. Pero ya en su primer año, el gobierno mostró que su carrera, de cara a la cuestión Mapuche, sería el continuum de dominación del Estado chileno sobre los pueblos indígenas. De hecho, su período ha estado impresionado por las luchas de estos pueblos por rasgar espacios de décimo política, integrar procesos políticos e institucionales, la entrega de propuestas concretas, ataques racistas, militarización de territorios y la sempiterna desilusión por la desatiendo de resultados.

Para comprender las políticas implementadas desde el Estado durante el gobierno de Gabriel Boric, es necesario profundizar en tres puntos fundamentales:  la derrota de la Convención Constitucional y sus consecuencias; el Plan Buen Estar y el mantenimiento del estado de excepción; y finalmente, la instauración de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

En primer extensión, la derrota estrepitosa en las urnas de la propuesta constitucional elaborada entre 2021 y 2022 por la Convención Constitucional, dejó huellas persistentes. El proceso había iniciado con la ilusión de la inclusión, por primera vez, de escaños reservados para indígenas (7 mapuche), su primera presidente fue Elisa Loncon, dirigente mapuche, y el croquis incluyó muchas demandas de derrochador plazo de los pueblos indígenas. Pero la ilusión dio extensión a la desilusión tras la derrota por un amplio beneficio en el plebiscito de septiembre de 2022, siendo encima las propuestas indígenas, en particular la plurinacionalidad, señaladas como las grandes responsables de la derrota.

Esto fue interpretado desde la derecha como un portazo de los chilenos a las demandas mapuches, con consecuencias claras en cuanto a la presencia e influencia del movimiento indígena, tanto en las calles como en el proceso constitucional ulterior de 2023, donde sólo hubo un representante indígena, quien luego renunció. Este segundo proceso, coincidió con un aumento del apoyo a la derecha y extrema derecha en las encuestas, con la demonización de las demandas mapuche y la normalización del discurso racista y chovinista, especialmente en redes sociales, del cual la ex presidenta de la convención, Elisa Loncon, fue la principal víctima.

Este contexto golpeó a la izquierda y a los movimientos y organizaciones sociales chilenas, pero sobre todo al gobierno, quien perdió el control de la memorándum. Boric había llegado al poder apoyando medidas de reparación territoriales y derechos colectivos de los mapuche, criticando, a su vez, la utilización del estado de excepción en la zona por parte del gobierno de Sebastián Piñera.

Si adecuadamente el gobierno entrante no renovó el estado de excepción, a pocos meses de hacerse cargo Boric lo volvió a implementar argumentando el incremento de los ataques incendiarios. En la destreza, se negociación de la militarización de la zona con presencia de Carabineros, militares, la Armada y el patrullaje de la aviación para controlar el distrito. Los actos de violencia han disminuido, pero la zona lleva ya más de tres abriles (prácticamente todo el periodo de Boric) bajo control marcial. De esta forma, el Gobierno está recurriendo al mismo arbitrio que se ha utilizado desde la invasión de esos territorios: la represión y la coerción. El Estado de excepción se ha renovado más de 50 veces.

A partir de 2022, el gobierno de Boric implementó lo que se ha falsificado “Plan Buen Estar”, en relato al concepto de la cosmovisión indígena, pero que en este caso se refiere a un plan de políticas públicas en medio del estado de emergencia. El plan incluye la construcción de caminos, el comunicación a agua potable, inversión en infraestructura para comunidades y diálogo territorial.

A nueve meses de finalizar el gobierno de Boric, se ha presentado el crónica de la Comisión para la Paz y el Entendimiento creado en 2023 con el objetivo de encontrar soluciones a mediano y derrochador plazo para el conflicto en la Araucanía. La instancia estuvo conformada por ocho miembros, incluido representantes mapuches de derrochador trayecto en el movimiento y políticos como Francisco Huenchumilla (Senador) y Adolfo Millabur (ex convencional).

Entre las 21 recomendaciones del crónica se incluyen promesas ya sempiternas como el gratitud constitucional, la revitalización de la jerigonza o representación política, u otras más novedosas como la reparación de todas las víctimas de la violencia. Estas medidas fueron respaldadas por siete de los ocho miembros de la Comisión, con la particularidad que uno de los votos positivos fue de una miembro del Partido Republicano (extrema derecha) quien acusó presiones de su partido para repeler el crónica. Como consecuencia, esta debió renunciar a su partido.

Las recomendaciones han sido recibidas con moderación y cautela porque plantean demandas históricas como el hacerse cargo de la apropiación de las tierras por parte del Estado, origen del conflicto. Y es que, a lo derrochador de las últimas décadas, muchas instancias han generado la ilusión de poner fin al conflicto, pero finalmente han quedado aparcadas en algún escritorio. Adicionalmente, muchas de estas recomendaciones deben seguir su conveniente proceso legislador lo cual termina dependiendo del calendario electoral.

A nueve meses del final del mandato parece ilusorio pensar que estas iniciativas se vayan a poder concretar, sobre todo teniendo en cuenta que es muy probable que en las próximas elecciones se imponga la derecha pinochetista. En este ámbito, incluso hasta el propio nombre de la Comisión: por la “Paz y el Entendimiento”, en un distrito militarizado parece irónico.

Por lo tanto, podemos asegurar que las políticas implementadas durante el gobierno de Boric con respecto a los mapuche representan más una continuidad con los gobiernos anteriores, que un cierto intento por poner fin al conflicto.