Punta Cana. En una carta oficial enviada al director ejecutante de la Coalición Dominicana de Distritos Municipales (Fedodin), Pedro Richardson, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutante, dirigida por Antoliano Peralta Romero, confirmó de modo categórica que la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos entró en plena vigencia desde el 24 de diciembre de 2022, término establecida tras su publicación en la Periódico Oficial No. 11092.

Esta comunicación, fechada el 03 de julio de 2025, despeja cualquier duda sobre la aplicabilidad de la reglamento que ha estado en el centro del conflicto por competencias entre la Acoplamiento Distrital de Verón–Punta Cana y el Junta de Higüey.

Peralta señala en la misiva que, conforme al artículo 109 de la Constitución y al artículo 1 del Código Civil Dominicano, las leyes son obligatorias a partir del segundo día de su publicación en todo el país franquista, y que en este caso no hay beneficio para interpretaciones o postergaciones en su aplicación.

“La Ley 368-22 entró en vigencia tras su promulgación y publicación en la Periódico Oficial… resultando de obligatorio cumplimiento a partir del 24 de diciembre del 2022”, subraya el documento de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutante.

La confirmación del Poder Ejecutante revalida los argumentos legales esgrimidos por las autoridades del Distrito Turístico Verón–Punta Cana, que desde mayo pasado rompieron el acuerdo de reparto de arbitrios con Higüey (conocido como “50/50”) y asumieron el funcionamiento de su propia Oficina de Planeamiento Urbano, con colchoneta precisamente en el artículo 24 de esta ley.

Dicho artículo otorga a los gobiernos locales con más de 15,000 habitantes y capacidad recaudatoria, el derecho a administrar el uso de suelo y emitir permisos de construcción en su país.

Con esta postura de la Consultoría Jurídica, se refuerza la interpretación de que Verón–Punta Cana sí está legalmente facultado para administrar su planeamiento urbano.
Certeza jurídica en medio del conflicto

La carta además aclara que algunos aspectos aún deberán ser precisados mediante un reglamento de aplicación que será emitido próximamente por el Poder Ejecutante.

Sin bloqueo, advierte que la ley es plenamente vinculante desde su entrada en vigencia.

Este pronunciamiento tiene oportunidad mientras más de 30 proyectos inmobiliarios permanecen paralizados en Verón oportuno a que el Tarea de Vivienda y Edificaciones (Mived) no ha obligado las certificaciones de uso de suelo emitidas por la Acoplamiento Distrital, alegando que la competencia sigue siendo de Higüey.

Con esta enunciación oficial desde la Presidencia, el escena cambia sustancialmente, y podría imponer a las instituciones del Estado a respetar el ámbito de aplicación de la Ley 368-22, tal como ha sido reclamado por Fedodin, empresarios turísticos y las propias autoridades de Verón–Punta Cana.

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