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En un amplio enfrentamiento con el poder contencioso, la distribución de gobierno que preside Donald Trump continua con la difusión de orden ejecutiva que por lo militar contradicen lo que establece la Constitución estadounidense a la ciudadanía.
Una de las órdenes ejecutivas (decretos) firmadas por el mandatario norteamericano en enero pasado, lo fue la concerniente a la prohibición de la ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en los Estados Unidos y que entraría en vigencia a partir del próximo 27 de julio.
Sin incautación, en una demandada colectiva presentada por la Unión de Libertades Civiles conocida en inglés como la (ACLU) sobre la orden ejecutiva que limitaría la ciudadanía norteamericana a los hijos de padres considerados no legales, el togado federal por New Hampshire Joseph Laplante bloqueó a nivel doméstico (para todo el paraje) esa orden ejecutiva el 10 de julio del 2025.
“Privar de la ciudadanía estadounidense es el maduro privilegio que existe en el mundo y en un cambio agreste de una política de larga data, y provoca daños irreparables” expresó en su dictamen el magistrado Laplante que fue renombrado por el presidente republicano George W. Bush.
El gobierno a partir de la atrevimiento contencioso tiene un plazo de siete días para apelar la atrevimiento. Como es su costumbre, el gobierno podría admitir hasta la Suprema Corte de Rectitud, la que ha votado favorablemente en ampliar los poderes del presidente como nunca antaño en el sistema contencioso de los Estados Unidos.
Remedio 14ª de la Constitución de los Estados Unidos establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en el país, y sujetas a su término, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en el que residan.
Esta resarcimiento, adoptada en 1868, todavía estipula el principio del jus soli, o derecho de suelo, que otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en paraje estadounidense, independientemente de la raza, la etnicidad, o el origen doméstico de sus padres.
Para impedir o eliminar la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes ilegales, el gobierno de Trump debe contar con la aprobación de una nueva resarcimiento constitucional en el congreso estadounidense y para ello se necesitarían de acuerdo al artículo Botellín de la Constitución de los Estados Unidos tener el apoyo de dos tercios (34) de los votos de la Cámara de Representantes (diputados) y el Senado y ser ratificadas por tres cuartas partes (38) o más estados y esas condiciones no las tienen.
Adicionalmente, el Congreso puede nominar relatar las enmiendas propuestas ya sea a las legislaturas estatales, o a convenciones especiales convocadas en los estados para considerar su ratificación.
Pero en una abierta política antinmigrante que incluye a los que no tienen un status constitucional, los residentes permanentes e incluso ciudadanos norteamericanos, la distribución Trump está enfocada en expulsar de su paraje al maduro número de inmigrantes que pueda.
Aunque en la ingenuidad de los hechos, la inmigración, no es uno de los temas centrales en la sociedad norteamericana como los serían la peculio, educación, sanidad, mejora de obras de infraestructuras, seguridad doméstico y política internacional.
El gobierno de Trump que se comprometió a expulsar los criminales del suelo norteamericano, está haciendo todo lo contrario conveniente a que está expulsando a mano de obras esencial como la agrícola que ha vivido y vive por décadas sin tener un status de moralidad en Estados Unidos. Eso ha sido y es una actividad injustificable desde el poder político.
Adicionalmente, los obreros de los sectores como la construcción, servicios (turismo) y pequeños negocios están siendo presionados para que abandonen la Unión Saco e incluso los inmigrantes que disfrutan del Software de Protección Temporal conocido en como el TPS que protege de la deportación de salvadoreños y hondureños, e incluso los haitianos todavía están al borde de ser deportados, conveniente a que el gobierno ha anunciado que esos permisos no serán validos a partir de septiembre del presente año 2025.
Los inmigrantes considerados como ilegales se han demostrado y documentado que realizan grandes aportes a la peculio norteamericana en el plazo de impuestos y son los que menos beneficios sociales reciben de los estados y el gobierno federal.
Según el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP por sus siglas en inglés), los indocumentados pagaron entre el 2022 y 2024 en promedio 97 mil 700 millones de dólares en impuestos sobre la salario (salarios), estatales, federales y locales.
Lo más regular, es el que la distribución Trump defina una positivo política migratoria que le permita a los inmigrantes la vía a la certificación. Expulsar inmigrantes ilegales o no por solo por sacarlos de los Estados Unidos es una medida que a corto y espléndido plazo producirá consecuencias a la estructura productiva.
Es hora de que la distribución Trump defina una positivo política de protección a los inmigrantes que merecen existir legalmente en los Estados Unidos tenido como el país de las oportunidades.
El autor es un periodista, formador y escritor dominicano que reside en el Estado de Nueva Elástica. Puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com
