
Puerto Príncipe.- EFE
El año de gobierno del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT)que asumió el poder el 25 de abril de 2024, ha estado impresionado por la mala gobernanza, la inseguridad, la corrupción y la impunidad, según un documentación de la Red Doméstico de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH).
“El CPT y su Gobierno simbolizan, desde hace un año, un poder codicioso y deficiente, un Estado en ruinas. El país está gobernado con una partida total de liderazgo, sin orientación, sin visión y sin esquema de sociedad”, se lee en el documentación poliedro a conocer este viernes.
En un año, el Consejo Presidencial de Transición ha agravado la ya preocupante situación del país, subraya la ONG. “Allí donde la población haitiana esperaba reformas, el CPT ha ofrecido una mandato mafiosa de los asuntos del Estado».
En presencia de la esperanza de la población de que se iniciara una recuperación institucional, el CPT ha agravado el colapso de las instituciones estatales y, a las víctimas que reclaman protección y jurisprudencia, el CPT les ha impuesto el silencio, la impunidad y la depredación, lamenta la RNDDH. “En ninguna de sus acciones, el CPT ha pensado en proteger y defender los intereses del Estado”, dice la comunicación.
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Daño de las condiciones de vida
De acuerdo a la RNDDH, en el final año se han perpetrado 13 masacres y ataques armados desde la arribada del Consejo al poder. Estos episodios de violencia, sumados a otros actos que atentan contra la vida y los beneficios de la población, han causado al menos 4.405 asesinatos y 3.084 actos de violencia sexual y sexista, entre ellos 1.837 violaciones y violaciones colectivas.
Durante este período, según el documentación, han sido asesinados 31 agentes de la Policía Doméstico Haitiana (PNH), 8 militares de las Fuerzas Armadas de Haití (FAD’H) y 2 agentes de la Ocupación Doméstico de Apoyo a la Seguridad (MMS).
“No existe ningún plan de reactivación económica”, señala el documentación, que sostiene que los programas de protección social plantean dudas sobre su competencia y su capacidad para entrar efectivamente a las personas necesitadas.
La circulación de beneficios, servicios y personas en el país franquista está controlada y regulada por las bandas armadas que cada día instalan más puestos de peaje. En relación con este “vaivén catastrófico” sobre las actuaciones del CPT, la institución recomienda la destitución de los tres consejeros presidenciales acusados de corrupción, así como de los dos observadores que, sin motivo alguno, reciben emolumentos y ventajas con cargo al tesoro.