El Congreso peruano destituyó este martes al presidente José Jeríquien llevaba escasamente cuatro meses en el cargo tras ocurrir sucedido a En Boluarteademás apartada previamente por el Parlamento en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país.

La valor se produjo luego de que prosperara una de las mociones de censura presentadas contra el mandatario, un abogado de 39 abriles investigado por amparar reuniones reservadas con empresarios chinos. El Constitucional deberá ahora nominar este miércoles a un nuevo presidente de Estado —el octavo en la última plazo que no completa su período— que gobernará hasta el 28 de julio, cuando asuma el presidente que resulte electo en los comicios de abril.

Escándalo por reuniones secretas

Horas antiguamente del debate, Jerí defendió su inocencia y calificó el caso, conocido mediáticamente como “Chifagate”, como simples errores de procedimiento. Sin bloqueo, sus distintas versiones sobre los encuentros terminaron debilitando su respaldo político.

La controversia estalló tras difundirse un video en el que el mandatario aparecía ingresando encapuchado a un restaurante de comida china fuera del horario de atención. Allí se habría reunido con el patrón Zhihua Yang, vinculado a negocios de seguridad y proyectos hidroeléctricos. Luego surgieron nuevas imágenes que mostraban encuentros con Yang y con Ji Wu Xiaodong, señalado por presuntos vínculos con tráfico ilegal de madera y quien, pese a tener arresto domiciliario, visitó el Palacio de Gobierno en varias ocasiones.

Votación marcada por tensión política

El pleno se desarrolló entre acusaciones y enfrentamientos verbales entre bancadas, en un contexto preelectoral. El partido Fuerza Popularliderado por Keiko Fujimorise opuso a la destitución alegando que aumentaría la inestabilidad institucional, pero el resto de agrupaciones reunió los votos necesarios.

Durante la sesión, una parlamentaria de Somos Perú intentó cambiar el procedimiento para elevar el número de votos requeridos y evitar la salida del mandatario, pero la iniciativa fue rechazada. Finalmente, el Congreso aprobó la vacancia presidencial en medio de la caída de popularidad del gobernador, cuya aprobación había descendido notablemente en las últimas semanas.