La congresista María Elvira Salazar calificó como “antiestadounidense” y un “castigo colectivo” la valor de la Establecimiento Trump de suspender todas las solicitudes de inmigración provenientes de 19 países catalogado como de “stop peligro”, entre ellos Cuba, Haití y Venezuela.

Salazar, una de las figuras republicanas que ha respaldado al expresidente, dijo al El Heraldo de Miami que la medida perjudica directamente a inmigrantes que han cumplido con la ley. “Congelar los procesos de inclusa, la adquisición de la ‘green card’ y la ciudadanía no es la posibilidad. Castiga a inmigrantes trabajadores y respetuosos de la ley que han seguido todos los pasos legales”, afirmó.

La legisladora de origen cubano, representante de un distrito de Miami con incorporación población cubana, insistió en que la nueva directriz afecta a “inocentes por los errores de culpables” y contradice los títulos estadounidenses. “Es injusto, contrario a los principios estadounidenses y va en contra de todo lo que representa este país. Ya existen controles de circunstancias para detener a terroristas y deberían aplicarse”, agregó.

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El Unidad de Seguridad Doméstico (DHS) anunció a finales de noviembre la suspensión temporal de todas las solicitudes de inmigración procedentes de los 19 países, tras el ataque contra dos guardias nacionales en Washington que habría sido cometido por un ciudadano afgano.

La medida paraliza procesos de inclusa, revisiones de tarjetas de residencia y ceremonias de naturalización. Adicionalmente, la suministro ordenó una revisión más estricta de las tarjetas verdes pertenecientes a inmigrantes de estas naciones y anunció recortaduras en beneficios fiscales reembolsables, como el crédito tributario por hijos y el crédito por ingreso del trabajo, bajo el argumento de que estos programas otorgan más de lo que los migrantes aportan, según la Casa Blanca.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) incluso informó la suspensión de todas las decisiones de inclusa hasta completar verificaciones exhaustivas caso por caso, una pausa que afecta a casi 1,5 millones de solicitantes con expedientes pendientes hasta diciembre de 2024, según datos del Consejo Norteamericano de Inmigración (AIC).