A solicitud del Servicio Conocido, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Área Sumarial de Santiago confirmó la sentencia que, en el proceso conocido como Casa Blanca Night Club, impone 20, 15, 10 y 7 abriles de prisión a los acusados de integrar una estructura criminal dedicada a la comercio de personas agravada, lavado de activos y porte y tenencia de armas ilegales (de enfrentamiento).
Igualmente, la corte rechazó la solicitud incidental sobre agonía de la obra penal presentada por Jolbert José Ramírez Palomo en un intento fallido por eludir las sanciones penales en su contra y al cual se adhirieron los demás procesados por el caso.
En su atrevimiento, el detención tribunal igualmente exime del suscripción de las costas del apelación incoado por el Servicio Conocido a través del procurador adjunto Juan Medina de los Santos, en representación peculiar de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Tráfico de Personas; la abogada Ángela Díaz Vargas, como parte querellante actuando en nombre y representación de las víctimas; Pedro Medina, procurador universal de corte, y José Manuel Calzado, fiscal que representó la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
A la vez, la corte, integrada por los jueces Wilson Francisco Moreta Tremols, Martha del Carmen Martínez López y Anelis del Carmen Torres Mago, condenó a los procesados al suscripción de las costas generadas por sus posibles de apelación.
El Servicio Conocido desarticuló, a través de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Tráfico de Personas y la Fiscalía de Santiago, las operaciones de la estructura criminal encabezada por Juan Antonio Fernández Fernández, la cual explotaba sexualmente a las víctimas en el Night Club Casa Blanca, utilizando una red de moteles de su propiedad localizada en Santiago y La Vega.
Durante los operativos se rescataron unas 45 víctimas del flagelo de comercio de personas.
Por el caso fueron procesadas y condenadas cinco personas que impugnaron la sentencia. Sus posibles de apelación fueron desestimados y confirmada en todas sus partes la Sentencia Penal No. 371-04-2022-SSEN-00099, de término 23 del mes de junio del año 2022, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Sumarial de Santiago.
La sentencia en primera instancia condena a Juan Antonio Fernández Fernández a 20 abriles, al suscripción de una multa de 175 salarios mínimos y una indemnización de RD$14,000,000 en privanza de dos de las víctimas.
Igualmente, condena a Grismelda Acarilis Merejo Salas a 15 abriles de prisión y el suscripción de 175 salarios mínimos y María Bizcocho Batista Batista a 10 abriles y el suscripción de 50 salarios mínimos.
Jolbert José Ramírez y Jairo Rafael Correa recibieron condenas de 7 abriles de prisión, así como el suscripción de 75 salarios mínimos.
La estructura criminal se trasladaba a distintas ciudades de Colombia y Venezuela para vislumbrar y traer a Santiago a las víctimas que eran llevada a Casa Blanca Night Club, en donde algunas eran amarradas de las patas de las camas, les eran impuestas multas por ascender tarde y por no estar a tiempo cuando eran requeridas por un cliente o algún constituyente de la estructura criminal.
Las mujeres eran ofertadas a hombres y, por otra parte, utilizadas para publicitar el mismo zona donde eran explotadas. En las habitaciones de la red de moteles se incluían catálogos en los cuales se exhibían fotos de las víctimas en ropa interior para que los potenciales clientes las escogieran y solicitaran a través del teléfono, indicando el número de página.





