Acogiendo la solicitud del Servicio Sabido, a través de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Medio ambiente y Fortuna Naturales (Proedemaren), un tribunal de primera instancia impuso una multa y una indemnización por RD$60 millones a la empresa Agroforestal MACAPI, así como una pena de dos abriles de prisión suspendida a su propietario por los daños ambientales ocasionados en Cerro Redonda, en San José de Ocoa.

La sentencia, dictada por el mediador Alfis Brandeli Castillo Castillo, del Tribunal Colegiado del Judicatura de Primera Instancia del Distrito Procesal de San José de Ocoa, impone dos abriles de prisión, en modalidad suspendida, al agroempresario Manuel Castillo Pimentel.

Por gestiones de la Proedemaren, el Tribunal Colegiado del Judicatura de Primera Instancia del Distrito Procesal de San José de Ocoa, notificó la osadía al Servicio Sabido, el pasado 10 de diciembre de 2025.

La sentencia condenatoria, marcada con el número 00010/2023 y dictada en término 11 de mayo de 2023, estaba irresoluto de notificación.

La empresa y Castillo Pimentel fueron procesados por violación a las disposiciones de los artículos 40, 41, numerales 8 y 18, y párrafo II, 80,121, 122,124, 126, 138, 156, 174,175 numeral 1 y 183 de la Ley 64-00 Ley Normal de Medio Medio ambiente y Fortuna Naturales; artículos 62 numeral 1, 63, 64, Ley 57-18, Ley Sectorial Forestal de la República Dominicana; en perjuicio del Estado Dominicano.

La sentencia impone a Agroforestal MACAPI, S.A. y a Castillo Pimentel, al plazo de una multa de 5 mil salarios mínimos (RD$50,000,000) a honra del Estado Dominicano y dos abriles de prisión en la gayola Pública Baní Hombres, aunque la suspende por la aplicación del Artículo 341 del Código Procesal Penal.

El procurador de corte Francisco Contreras, titular de la Proedemaren, resaltó que el tribunal condena a los procesados, adicionalmente, a reparar y restaurar el dominio impactada de aproximadamente 100 tareas con un plan de reforestación con plantas nativas de la zona y supervisado por el Servicio de Medio Medio ambiente y Fortuna Naturales.

Contreras explicó que ese víscera del Servicio Sabido, adicionalmente de encauzar el proceso penal, se constituyó en actor civil, razón por lo que a los procesados se le impuso RD$10 millones de indemnización al Estado dominicano, “como desafío reparación de los daños morales sufridos por éste a causa de los ilícitos ambientales cometidos por el imputado”.

La sentencia dispone adicionalmente que los procesados deben acreditar las costas penales.

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En el caso, el Servicio Sabido estuvo representado por los fiscales Rudy Alberto Pérez Medrano, José Espinal Meapilas, Ramón Emilio Calderón y Héctor Santiago Peralta, de la Proedemaren.

La Proedemaren inició el proceso en julio de 2022. La empresa y Castillo Pimentel son responsables de daños ambientales que perjudicaron los fortuna del suelo, la biodiversidad (flora, fauna y fortuna hídricos), adicionalmente de causar impacto ambiental en torno a la Cerro Redonda, explica la denuncia.

Estos daños incluyen la deforestación de más de 150 tareas, como resultado de la aniquilación de especie de la flora nativa, como nin, jobo de puerco, guama, uva, palo hediondo, lienzo, caimito, candelón, barata, bejucos, almácigo, caya, jabilla, bayahonda, entre otras.

Encima, con sus acciones afectó una fuente hídrica, la cual dejó al borde del colapso, esto, como consecuencia de la deforestación en un dominio aproximada de cuatro tareas.

En apéndice a esto, construyó una explanada de 13 mil metros cuadrados y varios caminos carreteros con una distancia de nueve kilómetros y anchura de tres a cuatro metros.