Fundamentado en las pruebas aportadas por el Empleo Manifiesto, el Tribunal Colegiado de Montecristi impuso penas de 15 y 10 abriles de prisión a miembros activos del Ejército de la República Dominicana (ERD) y a civiles procesados en el Caso Frontera como parte de una red que se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes provenientes del vecino Haití.

Los condenados a 15 abriles de prisión son Rafael Zabala Peña, Javier José Dolores Hernández Merejildo, Julio César Pujols Montero y Rafael Contreras Arno, quienes utilizaron su investidura marcial para allanar y permitir, con dolo y omisión, el paso
irregular de ciudadanos haitianos en torno a distrito dominicano por la frontera boreal, entre las provincias Dajabón y Montecristi.

Igualmente, a los organizadores y colaboradores civiles igualmente les fueron impuestas condenas por violar la ley y la dignidad humana. Entre esos actores claves de la red criminal se encuentran Eddy Rafael Cordero Villanueva (Nelson) y Osiris Rafael Estévez Fortuna, sentenciados a 10 abriles de prisión por su rol protagónico como organizadores del cruce ilegal de migrantes.

Pese a alegar circunstancias atenuantes, su desatiendo de rectificación y su parada fracción de billete en los hechos pesaron considerablemente en la audacia sumarial, explicó la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría
Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Prostitución de Personas (PETT).

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Bejarán Álvarez destacó “que en el Caso Frontera el Empleo Manifiesto logró un laudo histórico, que se corresponde con las graves violaciones a los deberes constitucionales”.

Resaltó que la condena representa “un paso firme en la defensa de la soberanía doméstico y la integridad institucional de la República Dominicana”. La sentencia, dijo, constituye un precedente trascendental en el combate contra las redes criminales
que operan en las zonas fronterizas.

El tribunal impuso a Edna Josep, de procedencia haitiana y responsable de encajar y ocultar a los migrantes en el país, una condena de 10 abriles de prisión, al confirmarse su billete activa y consciente en el entramado delictivo.

Incluso condenó a cinco abriles de prisión a los transportistas Santo Valerio Contreras, conocido como Santico; Anelby Susaña Guzmán (Chichi), Hilario Antonio Gómez Paúl, Jesús María Cerda, Elbio José Castillo Martínez (Soco), Aquilino Sosa
Fernández, Expedito Rodríguez (Bobole) y Anelsy Escarlex Cordero Núñez, vinculados a la abastecimiento de movilización de los migrantes.

Adjunto a Bejarán Álvarez representaron al Empleo Manifiesto en el caso la fiscal de Montecristi Grimaldi Oviedo y la fiscal Yohanny Herrera, quienes contribuyeron de modo activa para la presentación de un expediente esforzado, sustentado con pruebas contundentes, con las que quedó demostrada la responsabilidad penal de los procesados.

Al fundamentar su audacia, los jueces Mercedes María Reyes Jerez (presidenta), Anabel Rodríguez y Ranciel Castillo Jorge expresaron que los militares implicados en el caso cometieron un acto de corrupción institucional, el cual representa “una afrenta inaceptable al deber intocable de resguardar la frontera y al compromiso patriótico que exige el uniforme marcial”.

El Caso Frontera fue el resultado de una rigurosa quehacer de inteligencia e investigación coordinada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Prostitución de Personas (PETT), la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Montecristi.

La litigación estuvo a cargo de María Elena Carrasco Veras, titular de la Procuraduría Regional de la Corte de Apelación de Montecristi, y los fiscales Grimaldi Oviedo, Jhensy Víctor, Miguel Crucey y Aleika Almonte, quienes contaron con el apoyo constitucional de la abogada Jissell González, adscrita a la PETT.

El Empleo Manifiesto contó con el apoyo de la División Distinto de Crímenes Transnacionales (Deidet), el Sección de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Doméstico, y la colaboración institucional del Ejército y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terreno (Cesfront).