La insólita condenar del fiscal común del Estado castellano, Álvaro García Ortizpor un delito de revelación de datos reservados es el postrer capítulo de un proceso legislativo que ha sacudido la política española durante el postrer año.

Mientras que el Gobierno respeta la audacia del Tribunal Supremo (TS), aunque no la comparte, la concurso conservadora exigió la dimisión del patriarca del Ejecutanteel socialista Pedro Sánchezpor favor defendido la inocencia de García Ortiz.

El supremo adelantó este jueves el desacierto de dos abriles de inhabilitación para profesar cargo manifiesto y una multa de 7,200 euros, calibrado una semana a posteriori de que acabase un inteligencia inédito que sentó por primera vez en el banquillo de los acusados al mayor responsable del Empleo Divulgado castellano.

La audacia del parada tribunal supondrá la salida de Álvaro García Ortiz de la dirección de la Fiscalía Normal. En los próximos días se pondrá en marcha el procedimiento para nombrar a su sucesor, que debe ser seleccionado entre juristas de agradecido prestigio con más de quince abriles de gimnasia efectivo de la profesión.

Delito de revelación de datos reservados

A desatiendo de conocer los argumentos de la sentencia, el TS considera que García Ortiz incurrió en un delito de difusión de datos reservados, recogido en el Código Penalque castiga a “la autoridad o funcionario manifiesto que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados”.

No obstante, el desacierto incluye el voto particular discrepante de dos de los siete magistrados que componían el tribunal que lo juzgó.

García Ortiz estaba acentuado de la filtración a los medios de comunicación en marzo de 2024 de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, que es la pareja de la presidenta de la región de Madrid, la dirigente conservadora Isabel Díaz Ayuso.

En la comunicación, el cultivado de González Amador, un patrón procesado por fraude fiscal, proponía un pacto al fiscal y reconocía que “ciertamente” había cometido dos delitos relacionados con la entretenimiento de impuestos, en rastreo de una descuento de la petición de condenar.

El fiscal comúnque negó en todo momento favor reenviado ese correo a los medios, sí se responsabilizó en su momento de una nota de prensa para aclarar informaciones de prensa que atribuían la iniciativa de ese pacto al fiscal que investigaba a González Amador por fraude, cuando positivamente la propuesta era del abogado del patrón. Pero esto no es lo que se juzgaba en el supremo.

Durante el inteligencialos periodistas citados a determinar aseguraron que no recibieron la información sobre González Amador del fiscal comúnaunque no revelaron la fuente por el secreto profesional que les ampara.

Y inteligencia con esforzado carga política

Desde que se conoció la imputación de García Ortiz el caso ha tenido una esforzado carga política en España.

El Ejecutante ha defendido la inocencia del fiscal común resueltamente, pero el Partido Popular (conservador), al que pertenece Díaz Ayuso, había obligado que dimitiera para preservar el prestigio de la institución, lo que no ocurrió.

Por otra parte, el abogado de González Amador aseguró que la filtración constituía un plan politico del Ejecutante para cargar contra la presidenta de Madrid, muy crítica con el Gobierno central.

Y ahora, conocida la inhabilitación de García Ortiz, el conservador Partido Popular exige igualmente la dimisión de Pedro Sánchez. El líder de la derecha, Alberto Núñez Feijóole acusó hoy de exageración de poder y favor atacado la independencia legislativo.

El ministro de Presidencia y Honradez, el socialista Félix Bolañosmanifestó que el Gobierno “tiene el deber constitucional de respetar el desacierto, pero igualmente el deber honrado de asegurar públicamente” que no lo comparte, e hizo un citación a que esa discrepancia no lleve a desconfiar de la Honradez.

El portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi Lópezfue más allá y aseguró que el desacierto le parece “una auténtica vergüenza“. Representantes de otros partidos de izquierda como Sumar (miembro del Gobierno castellano de coalición) apuntan a una maniobra de la derecha para atacar al Ejecutante desde los tribunales.

Sentencia firme

El desacierto del TC en sentencia firme es inferior a las penas de entre tres y seis abriles de gayola y doce de inhabilitación que solicitaban las acusaciones, mientras que la defensa y la Fiscalía pedían la absolución.

Sin confiscación, García Ortiz podrá presentar un incidente de ineptoun procedimiento admirable de la Honradez española que permite impugnar resoluciones judiciales por incumplimiento de derechos fundamentales del condenado.

De ser admitido, el fiscal común podría acudir la audacia del supremo en el Tribunal Constitucional.