La comunidad de Suero denunció públicamente una nueva ola de presionescitaciones y notificaciones enviadas por grupos empresariales, acciones que —afirman— buscan forzar el desalojo de las más de 100 familias que actualmente habitan el punto, muchas de ellas con raigambre histórico superior a un siglo.

La denuncia se formalizó mediante una carta abiertaen la que los comunitarios aseguran comportarse un animación de “incertidumbreangustia y acoso“.

El documento recuerda que Suero tiene más de 150 primaveras de existencia y ha sido siempre un espacio de convivencia y explicación comunitario.

Adicionalmente del número de familias que hoy lo integran, el punto cuenta con una escuela pública y una iglesia católica establecida desde 1972lo que reafirma su carácter social, territorial y poblacional.

Los comunitarios sostienen que las presiones que enfrentan contradicen el ordenamiento judicial vivo.

¿A quién pertenece?

La Ley 386-06que creó el Distrito Municipal Verón–Punta Canaestablece en su artículo 2 qué Suero es un punto de la Sección Juanillo, reconociéndolo formalmente como mecanismo político-administrativa del Estado dominicanoamparada por la Constitución.

“Suero no es una posesión particular; es un punto agradecido por el Estado. Nadie puede ser dueño de un punto”, insisten los abogados de la comunidad.

Los juristas explicaron que empresas de acervo raíces ha intentado desconocer los derechos registrados en la cuota 367donde desde 1960 fueron reconocidos 43 parceleros cuyas mejoras y ocupación fueron incorporadas en los procesos de saneamiento. Sin retención, hoy la población supera las 100 familias asentadas legítimamente en ese demarcación.

Los abogados denuncian que estos grupos empresariales han realizado medidas, subdivisiones y trabajos de deslinde sin portar los derechos de los parceleros, y que incluso presentó como “establos abandonados” las viviendas de los comunitarios, para testimoniar solicitudes de títulos sin notificación a los ocupantes legítimos.

Esto motivó una litis sobre derechos registradosen procura de anular dichos trabajos.

En la carta abiertala comunidad exige a las autoridades frenar acciones que amenazan su estabilidad y su derecho histórico a comportarse en paz.

“Somos un pueblo pacíficopero decidido a defensor lo nuestro con dignidad“, concluye el documento.