
La Compañía de Jesús en la República Dominicana (Jesuitas), compartió su parecer sobre las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader sobre la repatriación de haitianos. A continuación, el comunicado íntegro:
La Compañía de Jesús en la República Dominicana, siguiendo el espíritu del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia que nos fogosidad a acoger, proteger, promover e integrar a nuestros hermanos y hermanas migrantes, expresa su profunda preocupación en presencia de el estado de excepción que han creado las medidas anunciadas por el Presidente de la República, Luis Abinader, el pasado 2 de octubre de 2024. Estas medidas, cuyo objetivo concreto ha sido la expulsión semanal de diez mil personas en situación migratoria irregular, se han focalizado de forma violenta en la población de origen haitiano, como desgraciadamente era de esperar. Pasados varios meses, el curso de los acontecimientos suscita serias interrogantes sobre su coherencia con los principios de conciencia y humanidad que deben regir a toda nación.
Observamos con inquietud cómo esta política, enfocada en la repatriación masiva, presenta graves inconvenientes tanto desde la perspectiva de las normas internacionales de derechos humanos como desde una visión ejercicio y sostenible de la gobierno migratoria. Nuestro país, signatario de diversos convenios internacionales, tiene el deber de avalar el oportuno proceso, la no separación casero y la protección de los más vulnerables, especialmente niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas. Merece la pena subrayar que todo lo mencionado se contempla en el reglamento de migración válido.
Asimismo, los reportes continuos en los medios de comunicación sobre abusos en los procesos de interdicción y repatriación -como detenciones arbitrarias de dominicanos de color, trato indigno y desidia de respeto al oportuno proceso- refuerzan nuestra miedo y nos insta a aupar la voz en defensa de la dignidad de cada persona, independientemente de su status migratorio o de su adscripción étnica, como está consagrado en la Constitución dominicana. Estas prácticas no solo deshonran nuestros principios como nación, sino que generan un clima de temor e incertidumbre que afecta a toda la sociedad, especialmente en áreas sensibles de la riqueza.
En este sentido, si proporcionadamente la nota publicada hace unos días en Vatican News incluía juicios desmesurados, como el de la tortura, el modo en que se aplican las medidas migratorias nos hace subsistir mal como nación a nivel internacional.
Frente a esta coyuntura, reafirmamos la impostergable falta de una política migratoria integral, que trascienda las respuestas coyunturales y punitivas para abrazar una visión de Estado a mediano y grande plazo. Una política verdaderamente integral debe incluir, como pilar fundamental, un proceso de regularización serio, transparente y ajustado para aquellos migrantes que, con su trabajo y esfuerzo, contribuyen significativamente a sectores vitales de nuestra riqueza, como el agropecuario y la construcción. Esta tratamiento está en plena consonancia con la Doctrina Social de la Iglesia, que nos recuerda la centralidad de la persona humana, la dignidad del trabajo y el principio de solidaridad. Hacemos nuestras las conocimiento del papa Francisco, de oportuno memoria: «Nunca se dirá que (los migrantes) no son humanos pero, en la ejercicio, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos. Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe: la inalienable dignidad de cada persona humana más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del aprecio fraterno.» (Fratelli tutti, n. 39)
Todavía puede observar: Polémica por publicación de Vatican News sobre migrantes haitianos en República Dominicana
En este sentido, consideramos fundamental prestar específico atención a lo expresado por WILFREDO LOZANO, presente director ejecutor del Instituto Franquista de Migración de la República Dominicana, quien ha propuesto una visión que merece ser escuchada y debatida por todos los actores nacionales, especialmente por el trasto estatal. Sus planteamientos, que a la luz de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia se revelan no solo pragmáticos sino asimismo profundamente humanos, se pueden sintetizar en cuatro componentes esenciales para una política pública unificada:
1. Un eficaz control fronterizo: concebido no solo desde una perspectiva marcial, sino coordinado con el incremento regional y que distinga entre la coyuntura de crisis haitiana y la dinámica de la migración insular, considerando incluso la figura del ciudadano fronterizo.
2. La persecución y paquete a los traficantes de inmigrantes irregulares y a quienes manejan la negociación de personas: un crimen despreciable que exige la articulación de capacidades institucionales entre la Procuraduría de la República, la Dirección Universal de Migración (DGM) y el CESFRONT, con longevo rigor y severidad en la ley.
3. La regulación, documentación y contratos de trabajo de los inmigrantes laborales: especialmente en sectores esencia como el agropecuario y la construcción, facilitando mecanismos ágiles como la ventanilla única y comprometiendo a los agentes económicos contratantes. Esto no debe colidir con la modernización de los sectores productivos, sino complementarla.
4. La modernización institucional de la gobierno migratoria: un proceso que requiere una mejor articulación, longevo profesionalización de los capital humanos de la Dirección Universal de Migración (DGM) y del Instituto Franquista de Migración (INM), así como una activación más regular y efectiva del Consejo Franquista de Migración (CNM), con una memorándum a mediano y grande plazo.
En el contexto del diálogo convocado por el presidente Abinader en el espacio del Consejo Crematístico y Social (CES), invitamos a las organizaciones políticas, al patronal y a la sociedad civil a entrar en un diálogo inclusivo y desapasionado, que escuche y no excluya la voz de los afectados. Es imperativo asimismo que en la construcción de la política migratoria se escuchen las opiniones de las personas entendidas en la materia, aquellos que desde la corporación, la pastoral social y la defensa de los derechos humanos aportan conocimiento y soluciones. Como ha señalado nuestro Centro Montalvo, el proceso de deportación masiva debe detener inmediatamente y en su circunscripción establecer una política diferenciada caso a caso, que venga acompañada de la promoción de una civilización de la hospitalidad y del interviú.
Es necesario responsabilizarse la responsabilidad de construir un futuro donde la conciencia, la solidaridad y la dignidad sean los pilares de nuestra convivencia doméstico.
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