Con el inconfundible estilo del sector más incisivo/obsesivo del ultranacionalismo, salió a la luz pública un comunicado con evidente intención de incidir en el proceso de discusión de la cuestión de la migración haitiana que, como resultado de la Cumbre del presidente en adiestramiento y tres expresidentes, se inició el pasado lunes en el Consejo Financiero y Social. Ese comunicado constituye otra expresión no sólo del acción directa del referido sector en su obcecada defensa de la Sentencia 168-13 y de competición a la Ley 189-14, sino de la vigencia del antihaitianismo en la sociedad dominicana cultivado durante la tiranía trujillista. Por eso, el procedimiento al mito y la coacción en dicha enunciación para tratar de impedir la fatal regulación y agradecimiento de derechos a miles de personas.

Desafortunadamente, flama poderosamente la atención que la publicación esté rubricado por sectores de origen desigual y por momentos contrarios al abultado de los demás suscribientes y, sobre todo, del núcleo duro impulsor del texto de obligado origen trujillista. Allí de afrentar a todos los suscribientes, resulta pertinente hacer consciencia de la complejidad del sentimiento nacionalista y, por consiguiente, de la necesaria objetividad/prudencia con que debe tratarse este tema. No obstante, en este caso, independientemente de las razones, toda posición o porte que se oponga al agradecimiento de los derechos de cualquier especie o singulares seres humanos, de hecho, en términos políticos y decente, se sitúa en las posiciones más reaccionarias del nacionalismo.

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Para blindar el mito del peligro de muestra soberanía,  en el documento se dice que: “Existen indicios sobrados de que en Haití y la isla de Santo Domingo se viene ejecutando un plan de suscripción inteligencia y perversidad criminal, que apunta a trasvasar sus crisis sobre la nación dominicana, plan que fue denunciado en abril del año pasado por el entonces senador Situación Rubio, presente secretario de Estado de EE. UU”. Una interpretación/manipulación de un artículo de campaña electoral de ese firme para el gaceta Diario Vacuo de término 24 de abril de 2024. Otro motivo de su “preocupación” son las denuncias del Instituto Duartiano sobre las “amenazas a la nación”, el mismo colectivo que destutanó de guisa fulminante y antidemocrática a su pasado presidente solo por conciliar por buenas relaciones entre Haití y República Dominicana.

Con estos mitos se construye el objetivo central del comunicado: una “advertencia”, coacción, “a los poderes públicos a no ceder en presencia de las aviesas presiones y manipulaciones que se despliegan en muchos órdenes para ejecutar un nuevo plan de regularización migratoria”. Algunas precisiones: los poderes públicos competentes no sólo tienen pleno derecho a tomar medidas en el orden migratorio, internamente de la ley, sino que tienen la obligación de hacer cumplir la Ley 169- 14 sobre la población de origen haitiano afectados por la Sentencia 168-13. Mientras la referida Ley esté vivo, como en impresión está, el Estado dominicano está obligado a seguir el proceso de regularización. De lo contrario, estaría situándose al ganancia de la Ley, como pretenden los ultranacionalistas.

Cuando hablan de “nueva regularización” dan por terminado el proceso que abrió la Ley 169’14 y se refieren a la regulación que con diversas modalidades demandan algunos los sectores productivos. Al respecto, la Ley de Migración en su artículo 9, numeral 5, faculta a esta institución para: “Proponer estrategias que racionalice el empleo de mano de obra inmigrante en función de los requerimientos sectoriales del mercado de trabajo y la demanda de bienes humanos calificados que requiere el proceso de explicación”. Es evidente que esta cuestión será planteada por sectores laborales, económicos, laborales, de la sociedad civil y del partido oficial, en la mesa correspondiente, en las discusiones sobre la cuestión migratoria en el Consejo Financiero y Social, lo cual esos sectores intentan impedir.

Ese tema no solamente deberá ser tratado en ese espacio, sino que el ministro de Agricultura anunció que se ha comenzado a otorgar permisos de trabajo a migrantes de origen haitiano que tienen tiempo trabajando en diversos centros productivos. El otorgamiento de esas licencias cuenta con el respaldo de la Ley de Migración en el artículo en lo alto citado. Contra esos permisos se ha pronunciado el Instituto Duartiano con el picotear argumento de que con ello se “lesiona” la soberanía. Una hipocresía. Esa mano de obra no lesiona nuestra soberanía, es un pivote que ha impulsado nuestra riqueza en las últimas décadas. No obstante, debemos ser conscientes que, según el artículo 62 de la Ley de Migración, los trabajadores que tuviesen un permiso temporal pueden solicitar un cambio de categoría si así lo considerasen, pues les asisten derechos internacionalmente reconocidos… Finalmente, recordando a Hobsbawm, la obcecación del núcleo duro de activistas ultranacionalistas contra la regulación puede “causar más muertes que los constructores incompetentes”. Estos creen y difunden el mito de nación étnica, gramática y culturalmente homogénea que conduce a grandes grupos de individuos a ese desprecio y acoso contra el “otro” que ha conducido a limpiezas étnicas y holocaustos en algunos países, incluyendo el nuestro. Es éste el seguro peligro que amenaza nuestra nación, la munición que debe desactivar este gobierno cercano a toda persona de inclinación y trayectoria efectivamente democrática