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Con un plazo establecido en la Ley 98-25 sobre Encargo Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos para la prohibición de la entrega gratuita de fundas plásticas en comercios de la República Dominicana, las empresas estudiarán, contiguo a las autoridades, el crecimiento de un reglamento que permita la implementación efectiva de esa disposición.
Así lo indicó Jennifer Troncosodirectora ejecutiva de la Estructura Franquista de Empresas Comerciales (DE ACUERDO), quien informó que para la próxima semana está previsto un diálogo en el que participarán representantes del Tarea de Medio Circunstanciael sector plástico y de los establecimientos comerciales.
“Inmediato con ellos, la idea es que veamos cómo podemos hacer un reglamento que sea ejecutable. Hemos dicho que esto es poco que tienen que cumplir el colmaderoel de la droguería, el carretero, los supermercados y las tiendas”, sostuvo.
El artículo 27 de la Ley 98-25 modifica la aplicación del numeral 2 del artículo 172 de la Ley núm. 225-20, Ley Caudillo de Encargo Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidosy otorga un nuevo plazo de doce meses“a partir de la entrada en vigor de esta ley”, para que quede totalmente prohibida a los establecimientos comerciales la entrega gratuita de bolsas o fundas plásticas de un solo uso.
“En el curso del referido plazo de 12 meses, los establecimientos comerciales que todavía proporcionen fundas plásticas deberán hacer campañas de sensibilización para sustituir su uso por fundas o bolsas reciclables o reutilizables y ceñir el consumo de fundas plásticas“, reza el artículo.
El cobro de las fundas
Según explicó la ejecutiva, una de las alternativas que evalúa el sector es el cobro de las fundas plásticas. En ese sentido, señaló que uno de los temas que se prevé tocar en la mesa es cómo se implementará el cobro, desde cuándo comenzará a aplicarse, bajo qué criterios, si por tamaño o calibre de la manguita, y cuáles serían las sanciones por incumplimiento de las disposiciones de la ley.
Explicó que se contempla la creación de una fórmula adentro del reglamento que permita fijar el costo de la manguita al consumidor.
“En principio, lo que buscamos es que lo que me cueste esa manguita yo lo voy a transparentar, reconociendo que ya para la Dirección Caudillo de Impuestos Internos eso va a ser un inventario“, resaltó.
“Cada vez que yo venda esa manguita voy a tener que tributar, porque se entiende que hay una provecho y va a tener ITBIS. Para el consumidor va a tener lo que me cuesta más la carga tributaria. En eso tenemos que ponernos de acuerdo para que haya regularidad”, indicó.
Materiales para las fundas reutilizables
La ejecutiva detalló que la DE ACUERDO ha abordado, adicionalmente, “la incorporación progresiva de opciones más sostenibles”, como respuesta a sectores de la población que utilizan las fundas plásticas para diversos fines.
“Cuando se ha querido comenzar a implementar este tipo de medidas, hay personas que alegan que las fundas plásticas son necesarias para ellas porque, al final, en sus casas las utilizan”, explicó.
“Hemos pensado no tener fundas de un único uso, sino unas que sean más fuertes y que puedan ser usadas para más ocasiones”, indicó Troncoso, quien detalló que se ha contemplado el uso de otros tipos de materiales, como los orgánicos, para las fundas reutilizablesuna alternativa que aún es exploratoria.
La esencia de la concienciación
Troncoso explicó que desde hace abriles los comercios han impulsado alternativas al uso de fundas plásticas de un solo uso. Señaló que en supermercados y tiendas ya se ofrecen fundas reutilizables elaboradas con materiales más duraderos y que en establecimientos como zapaterías se han sustituido las bolsas plásticas por bolsas de cartón.
Sin bloqueo, la directora de la DE ACUERDO insistió en que el éxito de la medida dependerá en gran medida del nivel de conciencia ciudadana. Advirtió que, si no se comprende el objetivo ambiental, el consumidor simplemente pagará la manguita y no se logrará el desuso que se persigue.
Detalló que se ha abordado con las autoridades la privación de campañas de concienciación dirigidas a la población dominicana, a fin de que la medida no se perciba como una disposición monopolio de los negocios, sino como una política estataly así evitar las eventuales quejas de los consumidores.
