Las últimas propuestas del contrincante Partido Popularr (PP) en política de inmigración pasan por deshumanizar el camino de las personas extranjeras a la procedencia española, al exigir un nivel de castellano superior al que se pide ahora y unos exámenes de conocimientos generales sobre España más exigentes.

Esta propuesta se produce en el situación de un debate político sobre la inmigraciónen el que los conservadores apuestan por frenar los flujos migratoriosmientras que desde el gobierno progresista resaltan la importancia que la migración tiene para nutrir el crecimiento crematístico castellano.

Y todo ello en un contexto en el que ha habido brotes aislados de violencia xenófoba en España y con el discurso contra los migrantes en auge, sobre todo por partidos de la extrema derecha como Vox.

Actualmente existen varias formas de conseguir la procedencia española, algunas muy excepcionales como las que otorga el Gobierno de forma discrecional por carta de naturaleza a figuras reconocidas en diversos ámbitos, como el cultural o el investigador.

Pero la gran mayoría se otorgan por residencia. Según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración del Profesión de Inclusión, Seguridad Social y MigracionesEspaña concedió 221.805 nacionalidades en 2024, una emblema un 8,9 por ciento inferior a la de 2023, pero que confirma una tendencia al subida, con altos y bajos, desde las 25.924 de 2017.

La mayoría de estas concesiones (136.210) corresponde a nacionales de países iberoamericanos, mientras que 32.572 se otorgaron a nacidos en España posteriormente de un año de residencia; 29.169 a migrantes de otros países tras 10 primaveras viviendo en España y 20.185 a extranjeros casados con un castellano.

Por países, los que más obtuvieron este vínculo sumarial con España fueron los venezolanos (33.021), seguidos de los marroquíes (29.033) y los colombianos (27.946). De los quince países con más concesiones, todos son latinoamericanos a excepción de Marruecos, en segundo circunscripción, y Rumanía, en el número doce.

Buena conducta, integración y un tiempo viviendo en España

De acuerdo a la estatuto españolala adquisición de la procedencia por residencia exige tres requisitos básicos- buena conducta cívica, para lo que se exige un certificado de circunstancias penales; suficiente fracción de integración en la sociedad española y poseer residido en el país de forma legítimo y continuada un plazo de tiempo estipulado.

El periodo de residencia necesario es de un año en el caso de las personas nacidas en España, las que estén casadas con un castellano, los hijos y nietos de españoles de origen o los viudos de un castellano si no ha habido separación legítimo o de hecho.

Las personas de un país iberoamericano, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y sefardíes tendrán que acreditar un tiempo de dos primaveras; las personas a las que se les haya agradecido el status de refugiado en España, cinco primaveras, y el resto de nacionalidades, diez.

Acreditar la integración

Desde 2015, el requisito de la integración se acredita mediante la superación de dos pruebas- un examen para demostrar un nivel A2 de castellano o superior para quienes esta no sea su jerga materna y una segunda que valora el conocimiento de la Constitución y de la existencia social y cultural españolas, ambas gestionadas por el Instituto Cervantes.

La prueba de conocimientos consta de 25 preguntas tipo test, con tres opciones de respuesta, acerca de temas como estatuto, geodesía, civilización y sociedad, de las que hay que dar con al menos quince.
¿Cómo se aprobó la Constitución?, ¿En qué ciudad hay un conducción romano que es Patrimonio de la Humanidad?, ¿Cuál es el teléfono único para cualquier emergencia?… son algunas de las preguntas que componen este examen.

En mayo del año pasado se superó la barrera del millón de personas que realizaron esta prueba desde su creación, que es aprobada por entre el 95 y el 96 % de los examinados, según datos del Instituto Cervantes.