SANTO DOMINGO.- Las irregularidades cometidas por los implicados en el caso Camaleón, una estructura que operaba en el interior del Instituto Franquista de Tránsito y Transporte Terrenal (Intrant), fueron planificadas con el propósito de beneficiar con contratos a empresas vinculadas a la red de corrupción encabezada por José Aquel Gómez Canaán (Jochi Gómez).

De acuerdo con la imputación del Ocupación Manifiesto, los imputados incurrieron en manipulación contable, coalición de funcionarios y falsedad intelectual en documentos públicos, con el objetivo de desviar fondos estatales en beneficio del entramado empresarial controlado por Jochi Gómez.

Cada uno de los involucrados en la estructura de corrupción del caso Camaleón tenía un rol específico. José Aquel Gómez Canaán (Jochi Gómez) fue el beneficiario positivo de los contratos fraudulentos celebrados con Transcore Latam S.R.L., Dekolor S.R.L. y PagoRD Xchange S.R.L.

A través de su empresa Aurix S.A.S., Gómez Canaán controló de forma fraudulenta los sistemas semafóricos y de videovigilancia del Intrant, adicionalmente de introducir equipos de espionaje utilizados durante las elecciones en plena pandemia de COVID-19. Asimismo empleó a PagoRD Xchange S.R.L. y OML Inversiones S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente, en acciones típicas de lavado de activos.

El documento acusatorio indica que Jochi Gómez fue el principal responsable del boicoteo a la red semafórica del Gran Santo Domingo, ocurrido a finales de agosto de 2024, considerado un acto de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado dominicano.

Asimismo, el expediente señala que Hugo Beras, exdirector ejecutor del Intrant entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas. Beras habría sido secreto en la integración de nuevas autoridades al plan manipulado y facilitó la billete de empresas de carpeta que desviaron medios del Estado.

El exfuncionario está destacado de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsedad ideológica y coalición de funcionarios, entre otros delitos, siendo señalado como el principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia.

Por su parte, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de despacho y representante de Hugo Beras frente a el Comité de Compras del Intrant, participó activamente en la adjudicación irregular de contratos que favorecieron a las empresas de la estructura corrupta. Asimismo intervino en la manipulación de licitaciones y en decisiones que beneficiaron a los investigados.

El imputado Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant y encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, fue una habitación secreto en la coordinación técnica del fraude. Facilitó el control de estos sistemas a Transcore Latam S.R.L., empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos.

Adicionalmente, Baquero Sepúlveda falsificó una certificación en la que afirmaba que el Intrant había recibido de forma completa los beneficios y servicios de Transcore Latam S.R.L., con el fin de aducir un desembolso de plazo. Su billete comprometió la seguridad viario y la transparencia en el uso de fondos públicos.

El destacado Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director Oficial y Financiero del Intrant, emitió una certificación falsa en la que aseguraba que la institución contaba con la apropiación presupuestaria necesaria para iniciar el proceso de subasta. Sin retención, los fondos no fueron solicitados hasta mayo de 2023 ni recibidos hasta julio, lo que demuestra que el proceso se inició sin respaldo financiero.

Asimismo, el exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, Pedro Vinicio Padovani Báez, socio y prestanombre de Gómez Canaán en Transcore Latam S.R.L., fue secreto en el manejo y supervisión del centro de control. Tras su renuncia, colaboró directamente con las actividades fraudulentas de esa empresa. Participó en el fraude de la subasta pública doméstico del Intrant, en esquemas de lavado de activos, boicoteo a la red semafórica y actos de terrorismo contra infraestructuras del Estado.

En la red de lavado de activos además figura Carlos José Peguero Vargas, socio de Gómez Canaán, quien movilizó fondos a través de INPROSOL S.R.L., desviando medios adjudicados a Transcore Latam S.R.L. Mientras Transcore manejaba la parte técnica y de vigilancia, Peguero Vargas se encargaba de la estructura financiera ilícita.

Asimismo, el expediente señala a Mariano Gustini Ponce y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes formales de PagoRD Xchange S.R.L., como testaferros de Jochi Gómez. Bajo su distribución nominativo, la empresa habría sustraído cientos de millones de pesos correspondientes a tasas e impuestos recaudados por el Intrant, que no fueron transferidos a las cuentas institucionales.

Desde esas cuentas, se realizaron transferencias directas a Gómez Canaán y sus compañías vinculadas, adicionalmente de la operación de beneficios inmuebles de fasto, configurando delitos de lavado de activos y estafa contra el Estado y asociación de malhechores.

Por postrero, Henry Darío Féliz Casso, colaborador y asistente personal de Gómez Canaán, fungió como intermediario financiero en las operaciones de desvío y lavado de fondos públicos. Movilizó grandes sumas sin respaldo financiero ni comercial, actuando en nombre de su dirigente y entregándole los medios sustraídos.

El Ocupación Manifiesto acusa al orden del caso Camaleón de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos, boicoteo a la red semafórica, terrorismo contra infraestructuras críticas del país, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación, ganancia ilícito entre otros delitos.Este artículo fue publicado originalmente en El Día