Abogados penalistas calificaron como positivo el convenio firmado entre la procuradora Nueva Berenice Reynoso y el superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminiáncon el que buscan reforzar la efectividad de las fianzas judiciales y disminuir la cantidad de imputados declarados en rebeldía.

Según explicó el jurista Carlos Salcedo a periodistas de Hoy Digital, este acuerdo mejoría la transparencia y permite la creación de una pulvínulo de datos conjunta que facilita la detección de fianzas fraudulentas El mal gestivo.

«Consolida el control institucional, pues reduce el peligro de errores o complicidades, al crear un sistema de supervisión que permite legalizar y dar cumplimiento a las fianzas judiciales», expresó Salcedo.

Manifestó que el tratado asimismo reducirá «la discrecionalidad y las cláusulas abusivas«, al establecerse un arreglo tipificado —es aseverar, uniforme— para todas las compañías aseguradoras que deseen mantenerse o ingresar al negocio de las fianzas judiciales.

Del mismo, el ilustrado afirmó que con el referido documento, encima, se garantizará «la capacitación conjunta de fiscales e inspectores, lo que da la oportunidad de intervenir con criterios homogéneos y actualizados».

«De ahí que veo como positiva la iniciativa de ambas instituciones estatales, con miras a eficientizar la ejecución de las fianzas judiciales y, con ello, los procesos penales sujetos a medidas de coerción como estas», pronunció Carlos Salcedo.

De su costado, el abogado Jaime Terrero consideró que el pacto entre la Procuraduría Universal de la República y la Superintendencia de Seguros representa un paso significativo en dirección a una anciano transparencia en los contratos vinculados a las fianzas judiciales.

«La identificación clara de las compañías autorizadas, así como la supervisión activa por parte de la Superintendencia de Seguros, son utensilios fundamentales para advertir fraudes y proteger a los ciudadanos que recurren a estos servicios. Lo más trascendente del convenio es que la Procuraduría Universal de la República asumirá un rol de supervisión sobre los trámites y eventuales irregularidades que surjan durante el proceso, lo que refuerza la confianza institucional en este mecanismo», declaró el defensor.



Mientras, el abogado penalista Carlos Balcacer señaló que el referido acuerdo «confirma una vez más la penuria de la creación del Empleo de Razónel cual tendría, en presencia de estas circunstancias de contingencia, aceptar ese rol que pretende ahora al Empleo Notorio».

«Precisamente, la inquietud que tuvo la PGR Miriam Germán Brito en cuanto a la penuria de desvincular al Empleo Notorio tanto de la custodia y viandas —caso el dominio— como de ese mismo renglón de responsabilidad procesal, se hace sinceridad en cuanto al manejo que ahora ocupa el tema de las garantías económicas o fianzas judiciales», dijo Balcacer.

Continuó: «Si el Empleo Notorio no hace trabas en la tramitación de esos contratos en cuanto a efectividad se refiere, la veo como una posición provisionalmente provechosa y necesaria a la vez».