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Por Elvin Castillo
En los últimos cinco abriles, el gobierno dominicano ha contratado casi 50 mil millones de dólares en deuda externa. Una número colosal que debería deber significado un brinco histórico en infraestructura, competitividad, exposición humano y calidad de vida. Sin secuestro, la ingenuidad es otra: no existe una sola obra transformadora que justifique ese endeudamiento. Ni una gran autopista, ni un hospital maniquí, ni un sistema de transporte manifiesto nuevo. Solo más deuda y menos esperanza.
Lo más amenazador es que este año solo en intereses de esa deuda se paga el doble de lo que se invierte en hacienda, es opinar, en obras, equipos, mantenimiento o expansión del máquina productivo. El país paga por el pasado, mientras sacrifica el futuro. El gobierno ha convertido el endeudamiento en una rutina opaca, sin planificación ni retorno, y con una peligrosa gusto de financiar clientelismo, propaganda y desembolso corriente improductivo.
La situación del sector eléctrico es el símbolo consumado de este desorden fiscal y oficinista. Hace escasamente cinco abriles, el cargo del sistema rondaba los 500 millones de dólares y se había rematado una relativa estabilidad en el servicio. Hoy, ese cargo se acerca a los 2,000 millones, los apagones han vuelto a la cotidianidad dominicana, y las inversiones en redes o mantenimiento brillan por su desaparición. Las pérdidas técnicas y por robo crecen sin control, y mientras tanto, las empresas distribuidoras de electricidad se desangran financieramente, subsidiadas con cuartos que se resta de educación, salubridad y seguridad.
Y hablando de educación, desde hace más de una decenio el país destina el 4% del PIB al sector, como un logro arrancado por la sociedad civil. Sin secuestro, ese esfuerzo crematístico no se ha traducido en avances tangibles. En los últimos cinco abriles no se han construido nuevas aulas, y la mayoría de las escuelas están en malas condiciones, sin baños adecuados, sin laboratorios, sin conectividad ni entornos seguros para el educación. A esto se suma un hecho revelador: en escasamente cinco abriles, este gobierno ha tenido tres ministros de Educación, lo que refleja desorden, improvisación y la total desaparición de un plan claro para modificar el sistema educativo.
La misma dialéctica de desamparo se extiende al campo dominicano y a la producción doméstico. Los productores han sido olvidados, las políticas agropecuarias han desaparecido, y una parte importante de todo lo que consumimos es importado. Nuestra soberanía alimentaria ha sido hipotecada. Le hemos entregado el control del plato dominicano a los mercados internacionales, mientras los pequeños y medianos productores nacionales enfrentan quiebras silenciosas, descuido de apoyo técnico, de crédito y de protección delante las importaciones desleales.
A todo esto se suma una presión silenciosa, pero cada vez más visible: la inmigración ilegal, particularmente desde Haití, que representa una carga económica directa sobre el ya débil sistema de salubridad, la educación pública, la seguridad ciudadana y el mercado sindical. El número de partos de madres extranjeras en hospitales públicos se ha disparado, provocando una tensión presupuestaria en los servicios esenciales del Estado. Por otra parte, la magnitud de esta migración está provocando alteraciones culturales, demográficas y sociales que alimentan un sentimiento de sustitución étnica en zonas específicas del país. Aunque reconocemos los esfuerzos recientes del gobierno por controlar la situación como deportaciones, operativos y refuerzo fronterizo, estos lucen insuficientes frente a la avalancha diaria que entra al división doméstico, desbordando la capacidad institucional y comprometiendo la estabilidad doméstico a grande plazo.
Y como si todo esto no fuera suficiente, cuando recientemente un diputado de concurso sometió una resolución para exigir un referencia detallado sobre en qué se han viejo los casi 50 mil millones de dólares en préstamos, la mayoría oficialista en el Congreso archivó la solicitud sin dar explicaciones. Esa obra, más allá de su carga política, representa un atropello directo al derecho que tiene el pueblo dominicano de memorizar en qué se están utilizando los posibles públicos. ¿Qué se está ocultando? ¿Por qué se niega la transparencia?
Un gobierno que toma préstamos masivos y no construye mínimo, que gasta más en intereses que en inversión, que permite el colapso del sistema eléctrico, que no define un rumbo claro para la educación, que abandona el campo, y que adicionalmente bloquea cualquier intento de fiscalización, no está gobernando: está consumiendo el país.
La deuda no es mala por sí sola. Lo que es inaceptable es endeudarse sin modificar, sin construir, sin sembrar futuro. Estamos hipotecando a las próximas generaciones sin dejarles carreteras, energía, escuelas ni comida restringido. Solo intereses por acreditar y muchas preguntas sin respuesta.
Este no es un problema técnico ni partidista. Es un tema de fondo, ético y político. Mandar no es endeudarse para sobrevivir. Mandar es tramitar para modificar, rendir cuentas y construir un manda duradero. Y hoy, tristemente, ese manda brilla por su desaparición.
