Allan Lavell y Rodrigo Barraza/Latinoamérica21

A menudo, cuando ocurre una tormenta, huracán, erupción volcánica o terremoto, persiste la costumbre de susurrar de un “desastre natural”. Sin retención, las fuerzas de la naturaleza solo explican una parte de la ecuación en un desastre, y en ocasiones ni siquiera la parte más significativa.

Los peligros de la naturaleza se convierten en desastres como resultado de decisiones u omisiones acumuladas en los procesos de progreso, que incluyen la ocupación y uso del suelo, las prioridades de inversión y estándares o reglas que se cumplen o ignoran. El desastre, manido así, es una construcción social, más que natural o física.

Los desastres no son fenómenos puramente naturales, sino el resultado de la interacción entre amenazas físicas, naturales o construidas por intervención humana (sociales, tecnológicas, bióticas) y las condiciones sociales, ambientales y económicas existentes. Así lo reconoce el Crónica Regional sobre Incremento Humano 2025, Bajo presión: Recalibrando el futuro del progreso, minucioso por el Software de las Naciones Unidas para el Incremento.

Esta perspectiva exige tener lugar del control o anticipación de las amenazas a uno de administración del aventura como proceso social, integrado al proceso progreso sostenible, para anticipar, advertir y sujetar exposiciones y vulnerabilidades en un contexto de creciente incertidumbre.

Casos emblemáticos en la región ayudan a explicar por qué el progreso humano resiliente requiere de un cambio de canon en la administración del aventura. El primero es el de Choloma, en el boreal de Honduras, donde el auge de las actividades de maquila multiplicó empleo e ingresos, a costa de una colonia acelerada sobre riberas, humedales y zonas de drenaje que se rellenaron con residuos. Muchas ordenanzas existentes para entonces se irrespetaron, y la capacidad municipal para dotar servicios y sostener cauces quedó por detrás del ritmo de la inversión. Cuando en 2017 llegaron lluvias fuertes a causa de los huracanes María e Irma, la ciudad no padeció una “sorpresa climática” sino que enfrentó las consecuencias de décadas de decisiones que normalizaron la exposición y ampliaron la vulnerabilidad.

La erupción del Volcán de Fuego, en Guatemala, en junio de 2018, ofrece otro espejo, esta vez sobre la distribución desigual de la protección frente a los desastres. La lugar de San Miguel Los Lotes, poblado por familias de bajos niveles socioeconómicos, resultó devastada, con centenares de víctimas, mientras que, a unos pocos kilómetros, un confuso turístico—con protocolos de contingencia, simulacros, seguros y coordinación con autoridades— logró desocupar a tiempo y evitar pérdidas humanas, aun cuando sufrió severos daños a la infraestructura del confuso. El mismo peligro, resultados opuestos.

Detrás de esa desacuerdo se evidencian cuatro factores: capacidades institucionales y comunitarias distintas, circulación diferenciada de información, diferencias en la zonificación del uso del suelo y una diferenciada confianza en las instituciones que ralentiza los sistemas de alerta.

Resiliencia: del eslogan a criterio de progreso

Si el aventura es socialmente construido, la resiliencia no debe reducirse a un punto discursivo ni a un “componente” anexo al final de los proyectos. Debe trabajar como criterio de progreso desde el inicio: planificar, financiar y ejecutar políticas públicas, obras y programas con filtros de aventura, asociada con escenas de multi-amenaza y amoldamiento al cambio climático, incorporados desde la grado de diseño. La cuestión no es solo cómo replicar mejor al próximo desastre, sino cómo dejar de fabricarlo.
La experiencia desde la investigación forense del aventura indica que para lograrlo es necesario comportarse principalmente en cuatro frentes de cambio. El primero es el suelo.

Áreas como riberas, zonas de recarga hídrica, laderas inestables y frentes costeros críticos no pueden tratarse como “suelo apto”y hay que impedir que la presión inmobiliaria empuje a los hogares más pobres cerca de las áreas más peligrosas.

El segundo es el ámbito como política de reducción del aventura. La degradación de cuencas, manglares y coberturas vegetales convierte una tormenta intensa en inundación y una vertiente empinada en deslizamiento. La restauración ecológica, el control de ascendencia de áridos y rellenos, y la administración de residuos no son decorativos “verdes”, sino piezas de un sistema de seguridad colectiva.

El tercero es la protección social como amortiguador de choques. Acortar pobreza y desigualdad, que incitan el aventura ordinario, es, en sí mismo, reducción de aventura de desastre. Viviendas seguras, ataque a agua y saneamiento, ingresos estables, seguros inclusivos y servicios públicos robustos marcan la diferencia entre un susto y una tragedia

El cuarto es presupuestario. La decano parte de los capital vinculados al aventura se consumen en alertar, replicar y recobrar. Es indispensable volver esa dialéctica, tener lugar de lo compensatorio-reactivo a lo prospectivo-sostenible: incorporar filtros de aventura y clima en bancos de proyectos, proteger presupuestos preventivos, alinear incentivos fiscales para que las municipalidades que evitan crear nuevo aventura reciban prioridad de financiamiento, desincentivar la corrupción en procesos de ocupación del paraje, entre otros. No se prostitución de pagar más, sino de pagar desigual.

Todos estos utensilios han sido destacados como parte del documento de trabajo del Crónica Regional 2025 denominado “Redefiniendo la resiliencia socio-natural en el situación del progreso humano: desastres, aventura y resiliencia en América Latina y el Caribe” que alimento los hallazgos generales del Reporte.

Mirar el espejo y comportarse

Más del 80% de la población en la región vive en ciudades, y el crecimiento más veloz se concentrará en las pequeñas e intermedias, precisamente donde las capacidades técnicas y fiscales son más limitadas. Si la inercia prevalece, se consolidarán territorios muy caros de corregir y muy baratos de dañar. La ventana de oportunidad está en lo ordinario: cumplir normas, sostener drenajes, organizar barrios con las instituciones y premiar presupuestariamente la prevención y las alertas tempranas con billete comunitaria

Choloma y Los Lotes no son anomalías: son advertencias. La primera recuerda que el empleo y la demanda de crecimiento de corto plazo sin salvaguardas territoriales, produce aventura como subproducto. La segunda evidencia que, frente a el mismo volcán, la desigualdad de capacidades y el contexto social que las define, decide quién se salva.

Si el desastre es el espejo, lo que devuelve no es la imagen de un clima caprichoso, sino la de un maniquí de progreso que tolera la informalidad como válvula de escape, celebra inversiones sin controles y reserva la protección para quienes pueden pagarla. Cambiar esa imagen requiere coherencia, continuidad en el tiempo y una regla sencilla para orientar políticas públicas y privadas que puede inspirarse en el Taco Hipocrático: “primero, no tramar aventura”.

Reponer, recobrar, recuperar más rápido y mejor seguirá siendo imprescindible, y será más válido y equitativo si el progreso incorpora el examen del aventura desde el principio. La investigación forense del aventura ofrece el puente entre dictamen y cambio institucional, y es uno de los instrumentos que pueden promover un progreso humano resiliente.

Allan Lavell

Investigador asociado en FLACSO, Costa Rica, asesor senior en administración de riesgos de desastres y miembro fundador de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres Latinoamérica y el Caribe – LA RED.

Rodrigo Barraza Vásquez

Experto en Objetivos de Incremento Sostenible (ODS) del Software de las Naciones Unidas para el Incremento (PNUD) para América Latina y el Caribe.