La nueva ley fiscal aprobada este martes por el Senado de Estados Unidos inyectará miles de millones de dólares al plan antimigratorio del presidente Donald Trump.

Con este presupuesto, que el mandatario republicano ha calificado como una “ley sobresaliente y hermosa”, el veterano compra del Gobierno en materia de agencias de seguridad se destinará, por amplio beneficio, a inmigración: será ocho veces veterano que todo el presupuesto del FBI y 13 veces superior al de la DEA.

La votación en el Senado devolvió el plan a la Cámara de Representantes, donde debe se revisado de nuevo y conseguir la aprobación para convertirse en ley.

Con un empleado de casi 170.000 millones de dólares en cuatro primaveras, el Gobierno aumentará la cantidad de agentes de migración -con unos 20.000 nuevos puestos-, construirá nuevos centros de detención para migrantes e invertirá en tecnologías de vigilancia, incluida la inteligencia sintético.

En concreto, la ley contempla más de 64.000 millones de dólares para la construcción del pared fronterizo y 70.000 millones más destinados a la detención de migranteslo que incluye la construcción y el mantenimiento de los centros de retención y el transporte de los deportados.

Para aumentar las detenciones y satisfacer estos centros, el Gobierno prevé contratar más de 20.000 nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

El laboratorio de ideas conservador CATO ya predice que, una vez entre en vigor esta ley, la monograma de personas retenidas en centros de detención para migrantes se cuadruplicará: pasará de 50.000 actualmente a más de 200.000 en todo el país.

Aumento de los costos de trámites migratorios y humanitarios

La ley además aumentará los costos de algunos trámites migratorios y, por primera vez, se cobrará un monto de 1.000 dólares por solicitar hospicio, un status diseñado para proteger a personas que huyen de la persecución política, religiosa, social o étnico en sus países de origen.

El costo por solicitar un permiso de trabajo será de 550 dólares y este solo tendrá una validez de seis meses. Por otra parte, se cobrarán 100 dólares anuales a quienes tengan una solicitud de hospicio irresoluto.

Apelar una valor de un sentenciador de migración costará 900 dólares (ayer se cobraban 110) y además se elevará a 500 dólares el costo de solicitar un Status de Protección Temporal (TPS).

Impuestos a las remesas y pérdida de beneficios fiscales

La ley crea un nuevo impuesto que afectará directamente la bienes de los migrantes en EE.UU.con un hipoteca del 3,5 % a las remesas enviadas al extranjero.

Estados Unidos es el principal país emisor de remesas del mundo, según datos del Cárcel Mundial, con más de 85.800 millones de dólares enviados en 2023, según el centro Migration Policy Institute.

La ley además incluye medidas que afectan directamente a los migrantes, lo que restringe aún más su ya escaso ataque a beneficios fiscales.

Las familias en las que uno de los padres sea indocumentado o no tenga un número de seguro social no podrán obtener al software de crédito fiscal para los hijos, que reduce el valía de los impuestos a satisfacer.

A su vez, se reducirán los fondos federales del software Medicaid para los Estados que ofrecen servicios de sanidad a migrantes sin status admitido y se prohibirá que algunos migrantes con status admitido -entre ellos quienes tienen visas de trabajo O TPS– puedan obtener a seguros de sanidad con costos reducidos.