En un acto en el que participó el presidente Luis Abinader, la Asociación Dominicana de Comerciantes (FDC) aprovechó la celebración de su 51 aniversario para manifestar su preocupación sobre algunas situaciones que a su prudencia están afectando el funcionamiento de las empresas en República Dominicana.

Luego de estar sentado en la mesa principal, preciso al flanco del mandatario Abinader, el presidente del conjunto financiero, Iván Garcíase colocó en el podio, donde utilizó su discurso para advertir sobre el impacto película de diversos aspectos.

Citó “la competencia desleal” registrada en el comercio doméstico y la sustitución de la cesantía sindical por otro mecanismo más sostenible para los empresarios. Así como el requerimiento de evaluar de “inmediato” los marcos legales del Código de Trabajo y la Seguridad Social.

Aunque valoró de forma positiva su forma de escuchar a la ciudadanía, García considera necesario que el presidente Abinader atienda “la tarea irresoluto” de incrementar a un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) el apartado de las inversiones en obras públicas interiormente del Presupuesto Universal del Estado.

“Es la tarea irresoluto que tenemos para el 2026. Si queremos construcciones de obras debemos tener el boleto adecuado para realizarlas”, dijo durante el acto realizado en un hotel en el Distrito Franquista.

Competencia desleal

Incluso, el representante de los comerciantes expuso varias preguntas con las cuales cuestionó la eficiencia de las autoridades para avalar una correcta fiscalización de todos los sectores económicos.

“¿Cómo es posible que la Dirección Universal de Impuestos Internos no fiscalice el cumplimiento de los deberes formales de las plazas comerciales chinas en todo el país? Será que somos los únicos que conocemos que esos comercios, el 90%, no emiten facturas con comprobantes, no cobran con tarjetas de crédito y débito, todas sus operaciones son en efectivo”, dijo.

Indicó que los integrantes de la FDC aseguran que los comerciantes chinos “ya los tienen en el extremo”, instalando tiendas de “hasta cinco mil metros cuadrados”, utilizando el beneficio de trabajar sin contribuir económicamente al sistema tributario dominicano.

“No emiten facturas con comprobante fiscal, no reciben tarjetas de crédito, empleados extranjeros, no pagan Seguridad Socialno tienen registro en el Empleo de Trabajo…”, afirmó García.

Encima, cuestionó cómo se puede competir de forma igualitaria mientras continúan surgiendo compañías “con boleto del lavado de activos porque no pagan impuestos y violan las leyes del país”.

“Queremos un país con condiciones laborales que permitan conducirse en concordia emparentado, un país de oportunidades de trabajo para todos, que impida que los dominicanos emigren en rastreo de mejores condiciones de vida”, expresó.

Llamado al Congreso Franquista

Los órganos del Poder Parlamentario desarrollan desde octubre del pasado año el estudio y discusión de un tesina de ley que rastreo “restaurar” el Código de Trabajo. Pero, García dijo que el colectivo comercial del cual es vocero no se siente conforme con las decisiones de los congresistas, afirmando que sus propuestas no han sido asumidas.

Mencionó de forma específica la cesantía, la cual entienden debe ser modificada para que su entrega al empleado sea realizada en un plazo de tres abriles, siendo “el 33% de los títulos acumulados cada año”. Tras la entrada en vigor de un seguro de desempleo, este derecho adquirido por los sindicalistas quedaría eliminado.

“(La cesantía) impacta de forma directa las finanzas de las pequeñas empresas, adicionalmente de constituirse en una retranca para su expansión porque el pasivo sindical en la mayoría de los casos impide que se prescinda de un mal trabajador”, puntualizó.

Asimismo, recomendó a los legisladores blindar en la ley 87-01 de Seguridad Social la protección del trabajo cuando sufran una incapacidad médica, “ya que los tres primeros días reciben subsidios”.

Mientras tanto, el Congreso Franquista aún no ha podido mandar al Poder Ejecutor las modificaciones al conjunto de leyes que versan sobre la regulación del trabajo y la seguridad social del país.