Alvaro Uribe

BOGOTA 21 Oct.- El Tribunal Superior ha absuelto este martes al expresidente colombiano Álvaro Uribe de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, tumbando así la condena a doce abriles de arresto domiciliario impuesta hace menos de tres meses en primera instancia, en el situación de un caso que se remonta a 2012.

El sentenciador Manuel Antonio Merchán ha evidente inocente a Uribe y ha cargado contra el primer arbitraje, alegando que presentaba deficiencias estructurales en la valoración de las pruebas, así como errores metodológicos y desidia de rigor sensato en el investigación de testimonios y documentos.

Según ha considerado, la jueza Sandra Heredia –que condenó en Uribe– basó su audacia en apreciaciones subjetivas y evidenció el «sesgo» contra el además exsenador. Así, ha subrayado que la audacia de primera instancia utilizó premisas vagas, genéricas y sesgadas.

Primero, Merchán ha afirmado que «no se acreditó» que Uribe «hubiera instigado el delito de soborno en gala penal», por lo que ha anunciado que la sala revocaba la condena impuesta y le absolvía del delito de soborno. Luego, ha concluido que la condena por fraude procesal carecía de sustento probatorio y procesal, absolviéndole además de este cargo.

No obstante, el asunto está allí de citarse cerrado. Las partes pueden todavía presentar alegaciones al Tribunal Supremo, que contará con cinco abriles de plazo para animarse el futuro del caso.

En agosto, la jueza Sandra Heredia condenó al expresidente colombiano por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos en una causa que está relacionada con el supuesto soborno que habría ofrecido Uribe, a través de su abogado, Diego Esclavitud, a dos paramilitares presos.

Uribe se convirtió el 1 de agosto en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente. Por otra parte de la condena a doce abriles de arresto domiciliario, la jueza impuso una multa de más de 3.444 millones de pesos, equivalente a 2.420 salarios mínimos (rodeando de 720.700 euros).

El origen de la causa se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por suceder intentado comprar en las cárceles del país falsos testimonios en su contra sobre su relación con el salida del paramilitarismo en Antioquia. Sin confiscación, todo dio un alteración cuando varias personas acreditaron lo contrario.

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