El presidente de la Sala de Registro de la Facultad Distinto para la Paz (JEP), Oscar Parra, acento en una rueda de prensa en Bogotá (Colombia).

Bogotá (EFE).- La Facultad Distinto para la Paz (JEP) imputó este jueves por crímenes de conflicto y de lesa humanidad a tres generales retirados y a otros 27 militares del Ejército colombiano por su responsabilidad en 209 asesinatos y 65 desapariciones forzadas ocurridas en el unidad del Meta (centro) entre 2002 y 2007.

Entre los imputados están los brigadieres generales Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, así como el viejo genérico Carlos Eduardo Ávila Beltrán, informó la JEP, tribunal creado por el acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y la desmovilizada maquis de las FARC.

La Sala de Registro de Verdad de la JEP estableció que, durante el proceso de consolidación del paramilitarismo en el Meta, se «configuraron estrechas relaciones entre integrantes del Ejército Franquista y el Coalición Centauros» de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Los implicados eran integrantes del Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas (BIVAR), de la Séptima Hueste y del Gaula Rural Meta (GAMET), mecanismo encargada de la lucha contra el secuestro y la trastorno.

CRIMENES PRESENTADOS COMO BAJAS EN COMBATE

En la investigación, la Sala escuchó los testimonios de antiguos comandantes del Coalición Centauros de las Autodefensas, entre ellos Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel; Manuel de Jesús Pirabán, mote Pirata, y Luis Arango, conocido como Chatarro.

Como parte del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, la JEP explicó que los generales retirados fueron imputados «a título de autores por omisión impropia por los crímenes de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad, en concurso con el crimen de conflicto de homicidio en persona protegida y con el crimen de crimen como crimen de lesa humanidad».

Saavedra y Ávila incluso fueron imputados por el «delito de homicidio agravado».

La Sala de Registro de Verdad enfatizó que los generales retirados «incumplieron sus obligaciones de proteger los intereses jurídicos de la población y de desempeñar un control efectivo sobre sus subordinados».

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