SANTO DOMINGO.– El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), presidido por Trajano Potentini, volvió a marcar posición este martes frente a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) extienda una vez más el plazo al Congreso Franquista para revisar el Código Procesal Penal, especialmente en lo referente a la Ley 10-15, declarada inconstitucional.

Potentini sostuvo que una nueva prórroga no solo contradiría decisiones previas del propio TC, sino que enviaría un mensaje erróneo sobre la firmeza de sus sentencias. Recordó que, según la Sentencia TC 0694/24, los fallos constitucionales son “definitivos e inmutables”, por lo que permitir una extensión equivaldría a destapar una ventana para reinterpretarlos, poco vetado por la Constitución.

Inquietudes por cambios propuestos en el Congreso

El dirigente cooperativo señaló que en las discusiones legislativas recientes han surgido iniciativas que, a su madurez, retroceden en garantías procesales. Mencionó especialmente propuestas para ampliar la prisión preventiva y deshumanizar medidas cautelares, lo que califica como una contrarreforma que chocaría con los avances introducidos por la Ley 10-15.

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Potentini afirmó que estos planteamientos no reflejan ni el espíritu de la osadía del TC ni la demanda ciudadana de un sistema que respete derechos fundamentales y fortalezca la institucionalidad.

Llamado a ratificar la Ley 10-15 sin modificaciones

El CARD insistió en que el Congreso debe ratificar la Ley 10-15 en su lectura flamante, sin cambios y respetando el procedimiento específico de las leyes orgánicas. Solo luego de cumplir con este paso —dijo Potentini— podrían pirarse nuevas discusiones sobre posibles reformas, siempre en el interior del ámbito constitucional y sin comprometer la seguridad jurídica.

Posible impacto en la autoridad del Tribunal Constitucional

El colegio profesional advirtió que una nueva prórroga colocaría al Tribunal Constitucional en una posición delicada, afectando su autoridad interpretativa y generando incertidumbre sobre la estabilidad del sistema legal.

“El desafío ahora no es extender plazos, sino reafirmar la institucionalidad, ratificar la Ley 10-15 como estuvo válido en 2015 y luego evaluar cualquier propuesta adicional”, expresó Potentini.

El Colegio de Abogados concluyó su posición exhortando a los poderes públicos a efectuar con coherencia constitucional y responsabilidad institucional, a fin de evitar decisiones que puedan despellejar la confianza en las normas y en los órganos que las interpretan.