Santo Domingo.- A querella del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, la propuesta de fusionar el Servicio de Educación y el Servicio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología carece de los fundamentos legales, técnicos y académicos necesarios para su ejecución y encierra objetivos que van más allá de una simple reorganización administrativa.

Así lo sostuvo su presidente, el profesor Juan Valdezquien advirtió que la iniciativa apunta a sustraer bienes del 4 % del PIB destinado a la educación preuniversitaria y a concentrar poder en la figura del ministro actuante, en detrimento de los órganos colegiados del sistema educativo.

Valdez señaló que incluso en el interior del propio partido de gobierno y en instancias del sector educativo existen dudas sobre la efectividad de la fusión, al tiempo que atribuyó el origen de la propuesta al exministro de Educación, Hechizo Hernándezsin que —según afirmó— se haya producido un debate amplio ni estudios técnicos que la respalden.

Desde el punto de olfato legal, el presidente del colectivo calificó la iniciativa como ilegal, al entender que viola el artículo 7 de la Ley Orgánica de Despacho Pública, que regula los procesos de fusión y exterminio de ministerios.

Explicó que dicha reglamento exige estudios previos que demuestren mejoras en la eficiencia de la trámite pública, un requisito que, a su querella, no se cumple en este caso. Por esa razón, sostuvo que el esquema debería ser rechazado en el Congreso Doméstico.

En el plano normativo, Valdez afirmó que la fusión resulta improcedente, al tratarse de ámbitos con naturalezas distintas.

Mientras la educación preuniversitaria tiene un enfoque pedagógico, la educación superior se rige por principios andragógicos, orientados a la formación de adultos, lo que —dijo— hace inviable su integración bajo una sola estructura ministerial sin afectar la calidad y especificidad de cada subsistema.

Asimismo cuestionó la viabilidad de la propuesta desde la óptica de la trámite pública.

Indicó que el sistema educativo dominicano ya es una de las estructuras más grandes del Estado, con más o menos de 7,600 escuelas, 126 distritos educativos, más de 130,000 docentes y una guarismo similar de empleados administrativos.

A esto se sumaría el Mescyt, lo que, según advirtió, generaría una “hipertrofia institucional” y, en la ejercicio, reduciría ese profesión a un simple viceministerio, sin resolver problemas estructurales.

Valdez afirmó que la educación dominicana atraviesa una de sus peores crisis, reflejada en los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales, por lo que considera que el esquema de ley constituye un “asalto” a los fondos del 4 % del PIB.

Sostuvo que al fusionar entreambos ministerios se comprometería el presupuesto destinado a la educación preuniversitaria, en un contexto en el que —aseguró— las escuelas carecen de infraestructura adecuada, tecnología, supervisión y aulas suficientes.

“No se puede aceptar que el monises de la educación escolar se utilice para financiar universidades públicas”, enfatizó.

Otro de los puntos críticos señalados por el presidente del colectivo es la modificación del Consejo Doméstico de Educación.

Según explicó, la propuesta escudriñamiento eliminar su carácter decisorio para convertirlo en un entraña meramente consultivo, concentrando en el ministro todas las funciones estratégicas del sistema educativo, lo que a su entender debilita los mecanismos de gobernanza y control.

Estudio analiza fusiones en Educación

En apoyo a su posición, Valdez citó un estudio de la UNESCO sobre la fusión de ministerios de educación, en el que se analiza el caso de Malasia, país que intentó equiparar estas carteras en 2013 y desistió en 2015 tras constatar que el maniquí no funcionó.

Según explicó, la investigación concluye que ninguna de las iniciativas similares ha tenido resultados positivos y recomienda que cada país diseñe su estructura educativa conforme a su propia verdad.

Finalmente, subrayó que la educación es una ciencia y que cualquier reforma de esta magnitud debe sustentarse en estudios de factibilidad, observación técnicos e indicadores claros.

Entiende que no baste con apelar al sentido global o a supuestos beneficios administrativos cuando no existe evidencia de que la fusión elimine redundancias, reduzca estructuras o mejore la eficiencia.

“No se elimina ningún área ni se cancela personal; el único cambio existente es la concentración de poder y la modificación del Consejo Doméstico de Educación”, concluyó.