La Confederación Dominicana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (codopima), inmediato a la Asociación Doméstico de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), la Unión Doméstico de Empresarios (UNE) y la Estructura Doméstico de Empresas Comerciales (ONEC), interpusieron este lunes una Movimiento Directa de Inconstitucionalidad frente a el Tribunal Constitucional contra los artículos 5 y 16 de la Ley 98-25que modifica la Ley de Trámite Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

Según los gremios, los artículos impugnados imponen cargas económicastécnicas y administrativas desproporcionadas, poniendo en aventura la sostenibilidad, el empleo y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

Fernando Pinalespresidente de codopimaafirmó que respaldan la protección del medioambiente, pero criticó que la “contribución exclusivo” se calcula sobre ingresos brutossin relación con la concepción vivo de residuos, y puede aumentar hasta un 500 % los pagos de empresas de menores ingresos.

Mediante una nota de prensalos empresarios advierten que la ley vulnera la desenvolvimiento de empresaobliga a remunerar tributos incluso a compañías inactivas y afecta especialmente a los sectores con márgenes regulados, donde la rentabilidad neta es mínima.

Impacto crematístico y activo en las MiPymes

Adicionalmente, señalan que las MiPymes fueron excluidas de la comisión prevista en la ley, pese a representar el 98 % del tejido productivo del país.

• El artículo 16según el monolito, impone auditorías anualescertificaciones de biodegradabilidad y restricciones de importación sin estudios de impacto crematístico, afectando la operatividad y competitividad de los pequeños y medianos industriales.

“Defendemos el medioambiente, pero no a costa de la decadencia de las MiPymes. Regular no puede significar sofocar al que produce y genera empleo”, expresaron los gremios, quienes reiteraron su disposición al diálogo y a soluciones sostenibles que equilibren la protección ambiental con la producción doméstico.