El consejero legal del Poder Ejecutante, Antonio Peraltaalertó este viernes que el país podría desavenir “consecuencias jurídicas muy graves” si el Congreso Doméstico no aprueba antaño de diciembre la reforma al Código Procesal Penalque ya fue sancionada en primera repaso en el Senado.
Tras participar en la transigencia del XI Congreso de las Academias Jurídicas de Iberoamérica, Peralta explicó que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley 10-15, del Código Procesal Penalpor razones de procedimiento, pero otorgó al Congreso un plazo que vence en diciembre para subsanar el defecto formal mediante una nueva aprobación.
Si el Congreso no actúa interiormente de ese plazo, según advirtió, el Código Procesal Penal quedará incompleto y “desequilibrado”, lo que podría ocasionar mercancía graves en la conciencia, ya que la alcoba tiene muchas disposiciones importantes para la conciencia que no estarían vigentes.
El funcionario indicó que, aunque toda obra humana es susceptible de ser mejorada, lo urgente en este momento es aprobar la iniciativa legislativa para evitar que el sistema penal funcione con vacíos normativos.
Peralta consideró como “frecuente” que una ley de tanta trascendencia genere debates y diferencias de opinión, pero insistió en que, más allá de las discusiones sobre su contenido, el Congreso debe aprobar cuanto antaño esas disposiciones.
De no hacerlo, reiteró, el país enfrentará un infructifero legal estafa repercusiones directas en los procesos penales.
“El Código Procesal Penal, como ustedes recordarán, el Tribunal Constitucional de alguna modo lo mutiló. Si no se aprueban esas disposiciones, se producen consecuencias jurídicas muy graves para el procedimiento penal”Consejero legal del Poder Ejecutante
Finjus está entusiasta
Por su parte, el vicepresidente ejecutante de la Fundación Institucionalidad y Razón (finjus), Servio Tulio Castaños Guzmánexpresó optimismo con respecto al trabajo que realiza la comisión de Razón del Senado sobre las reformas al Código Procesal Penal.
Castaños Guzmán valoró que el Senado haya reenviado el esquema a la comisión luego de aprobarlo en primera repaso, lo que permitió corregir varios aspectos que habían generado preocupación en distintos sectores de la sociedad.
“Yo pienso que el Senadohabiendo remitido de nuevo el esquema a la comisión de Razón, esas preocupaciones que se habían estado señalando desde la sociedad, yo creo que han venido siendo corregidas”, afirmó.
Sostuvo que entre los puntos que fueron ajustados figuran los relativos a la parecidoel interés casacional, la interpretación y los plazos procesales. A su entendimiento, el resultado será un texto “más apegado a la Constitución y a los principios del adecuado proceso”.
“El Senado reaccionó positivamente a esos reclamos, entonces lo que eventualmente apruebe el Senado de la República en esta ocasión se va a ajustar a lo que la Constitución establece, que era el temor que teníamos”, agregó el jurista.
Castaños Guzmán destacó que, de ser necesario, la Cámara de Diputados podrá introducir nuevas correcciones cuando reciba el esquema, lo que refuerza la expectativa de que el texto final esté formado con la Constitución.
finjus advirtió días detrás que artículos del esquema, como el 25, violarían la Constitución si se aprobaban tal como fueron remitidos al pleno del Senado.
El artículo 25 del esquema es el que regula la interpretación de las normas procesales. En su redacción contemporáneo, el esquema introduce la posibilidad de aplicar la “parecido” y la “interpretación extensiva” para hacer el bien no solo al imputado, sino todavía a otras partes del proceso.
El primer párrafo del referido artículo establece que “la parecido y la interpretación extensiva se permiten para hacer el bien la permiso del imputado, así como el prueba de los derechos y facultades conferidos a las partes del proceso”.
La queja de los juristas radicaba en que el artículo, si se aprueba como está redactado, beneficiará tanto al Tarea Manifiesto como al imputado, cuando el fin del opinión es beneficiar nada más a los inculpados en procesos.
Tiempo en contra
Posteriormente de una sentencia emitida en diciembre del 2024, el Congreso corre a contrarreloj porque actualmente solo cuenta con un mes para aprobar un nuevo Código Procesal Penal. El que anuló el Tribunal Constitucional fue ratificado en el 2015 y fue desechado por errores procedimentales en su aprobación.






