En muchos ayuntamientos, el cobro de arbitrios sigue funcionando como una praxis artesanal. Hay registros manuales, procesos poco claros, escasa trazabilidad y casi ningún control cruzado.

Ese ámbito de desorden no es inocente. Facilita la diversión, alimenta la discrecionalidad y abre espacio a la corrupción. Cuando el contribuyente percibe que el sistema es injusto o improvisado, el incumplimiento deja de ser un hecho arrinconado y se convierte en una conducta recurrente.

Sin secuestro, el problema no es sólo técnico. Todavía es cultural. En buena parte del país no existe una civilización ciudadana de suscripción de arbitrios porque durante abriles no se ha explicado lo esencial. La multitud no ha recibido una novelística simple y constante sobre por qué se cobra, para qué se cobra y cómo se utiliza ese fortuna. Si el tributo no tiene sentido para el ciudadano, se interpreta como castigo. Y si adicionalmente no se ven resultados, se interpreta como extralimitación.

Por eso, ayer de balbucir de nuevos incentivos, el concejo debe recuperar un activo que hoy está en adeudo, la confianza. Y la confianza no se decreta. Se construye con coherencia diaria. Se construye cuando el ciudadano siente que el municipio cobra con ecuanimidad, gasta con prudencia e informa con claridad.
Cobrar con ecuanimidad significa reglas simples y visibles.

Quién paga, cuánto paga, cuándo paga y qué ocurre si no paga. Significa eliminar arbitrariedades, estandarizar procedimientos y cerrar las puertas traseras del sistema. Todavía implica modernizar la operación. Digitalizar pagos, automatizar registros, emitir recibos verificables y sostener auditoría interna con controles cruzados entre gerencia, cobro, catastro y áreas de servicios. Cuando existe trazabilidad, la discrecionalidad se reduce. Cuando hay control, la corrupción pierde oxígeno.

Ponerse con prudencia es hacer que el fortuna se note donde la multitud lo toca. Honestidad, iluminación, parques, aceras y orden. No se proxenetismo de prometer megaproyectos. Se proxenetismo de demostrar consistencia en lo frecuente. El contribuyente no exige perfección, exige coherencia. Quiere comprobar que su aporte no se diluye en gastos opacos, improvisados o políticamente selectivos.

Informar con claridad exige romper el silencio institucional. Un concejo que cobra pero no rinde cuentas pierde autoridad decente para exigir cumplimiento. La rendición de cuentas no debe ser un acto anual con cifras incomprensibles.

Debe ser una praxis permanente. Reportes trimestrales sencillos, tableros públicos de cobro y pago, información por sectores y proyectos financiados con arbitrios que muestren resultados medibles. Cuando la ciudadanía ve el ciclo completo, desde el cobro hasta la inversión y sus pertenencias, el suscripción deja de sentirse como imposición y empieza a percibirse como corresponsabilidad.

Solo luego de ese ordenamiento institucional, los incentivos tienen sentido. Descuentos por pronto suscripción, facilidades para acuerdos de suscripción, inspección sabido a contribuyentes cumplidores, convenios con comercios locales y mecanismos de alivio para sectores vulnerables. Pero conviene decirlo sin rodeos. Los incentivos no sustituyen el orden. Son la retribución de un sistema posible.

La táctica debe incluir campañas de sensibilización sostenidas, no eslóganes de temporada. Y debe apoyarse en aliados naturales del zona, juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, centros educativos, líderes sociales y sectores empresariales. Adicionalmente, es esencia institucionalizar políticas tributarias claras y permanentes, de modo que el ciudadano aprenda a creer en la norma y no en la voluntad del funcionario de turno.

En definitiva, no se puede exigir civilización de suscripción en un sistema que no tiene civilización de diligencia. El camino es simple aunque exige carácter. Ordenar el cobro, fortificar la trazabilidad y eliminar la discrecionalidad.