El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) en Valverde, doctor Juan Carlos Santossalió en defensa de cuatro médicas arrestadas este viernes, acusadas de firmar actas de defunción falsas internamente de un entramado delictivo encabezado por un particular.

Santos aseguró que las profesionales fueron “sorprendidas en su buena fe” y que firmaron documentos sin conocer el serio propósito de los mismos.

“Se cometen errores cuando son profesionales que no tienen ningún tipo de experiencia”, señaló el presidente del CMD al destacar que tres de las detenidas son pasantes y una médico asistente.

Las doctoras identificadas son Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez. El dirigente corporativo calificó como una “desconsideración” el manejo de las autoridades y advirtió que el cofradía se mantendrá vigilante para que se respeten los derechos de las imputadas durante el proceso contencioso.

La trama y los acusados

El caso todavía involucra a la alcaldesa pedánea Yluminada Altagracia Uceta y al principal señalado como cabecilla, Mayor Mendozaa quien la Oficina de Atención Permanente de Mao impuso tres meses de prisión preventiva y cuyo proceso fue patente confuso.

Según el Profesión Divulgado, Mendoza se dedicaba a falsificar registros de defunción en complicidad con médicos en pasantía sin autorización, con el objetivo de decidir muertas a personas vivas que tenían deudas pendientes. Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2024 y junio de 2025 en la provincia Valverde.

La investigación revela que las víctimas eran personas en condición de vulnerabilidad que recibían programas de auxilio social del Estado por un valencia mensual de RD$2,100. El imputado les ofrecía préstamos entre Rd $ 5,000 y rd $ 15,000quedándose con sus tarjetas de subsidios como respaldo. Cuando no lograba cobrar, simulaba la asesinato de los beneficiarios para cerrar las deudas.

Hasta el momento se han identificado seis víctimascinco de las cuales fueron registradas como fallecidas en Salubridad Pública y luego en la Grupo Central Electoral (JCE), mientras que una sexta quedó asentada solamente en el Profesión de Salubridad.

Logística y evidencias

El Profesión Divulgado explicó que Mendoza acudía a distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) en Mao y Esperanzahaciéndose sobrevenir por emparentado directo de las supuestas víctimas —ya fuera primo, consorte o tío— para administrar los certificados de defunción. Seguidamente, completaba los registros en oficialías civiles.

La fiscal Esther María González Peguerorepresentante de la JCE, y el fiscal titular de Valverde, Víctor Manuel Mejíallevan el caso. El proceso cuenta por otra parte con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Franquista y de la Dirección de Seguridad de la JCE.

Tipificación judicial

El conjunto enfrenta cargos por falsificación y uso fraudulento de documentos públicosen violación a los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano y los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.

El Profesión Divulgado solicitó la declaratoria de caso confuso para las médicas, la alcaldesa pedánea y el principal imputado, lo que permitirá ampliar los plazos de investigación.