La democracia está definida desde tiempos inmemoriales como el gobierno del pueblo. Digamos, para comprender acertadamente, que esta es la democracia occidental, la que nos viene de los griegos, la que conocemos por acá como derivación de las revoluciones norteamericana y francesa.

En esta democracia todos somos iguales delante la ley. Las diferencias las ponen el caudal, la educación y hasta los grupos étnicos, pero teóricamente estas desigualdades no establecen ciudadanos de primera y segunda.

Ahora, la pregunta es si la igualdad delante la ley hace que nuestras opiniones y pareceres tengan la misma calidad, el mismo peso, el mismo vigor conceptual y una dialéctica similar, etcétera.

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Todos tenemos derecho, en nuestro sistema demócrata, a afirmar lo que opinamos sobre tal o cual tema, reglamento o problema. Es el derecho a la palabra, el derecho a la opinión…

Estas observaciones las hacemos premeditadamente del conocimiento del esquema de ley de Código Penal y del esquema de reforma del Código Gremial. Aceptemos que en una sociedad abierta todos los ciudadanos, hombres y mujeres, podían expresar –de hecho ejercieron este derecho– su pensamiento sobre estos temas.

Pero qué podemos afirmar si, por ejemplo, en el caso del esquema de ley del Código Penal, los principales opinantes hubieran sido los juristas expertos en Derecho Penal, los filósofos del Derecho, los médicos gineco-obstetra y los autores de libros e investigaciones sobre estos temas.

Nos parece que, sin conculcar los derechos ciudadanos, nuestro Congreso Doméstico –diputados y senadores– debe hacer ejercicios de diálogos que permitan mejorar la calidad de las opiniones e informaciones que se vierten sobre cuestiones que normarán aspectos importantes de la vida franquista. Aspectos que ordinariamente no son de conocimiento popular.

Se nos ocurren estas ideas por lo que estamos viendo en el día a día y porque los legisladores acaban de iniciar una reunión y han aventajado que tienen en dietario conocer asuntos de envergadura como los códigos Civil, de Procedimiento Civil, Procedimiento Penal y el anciano esquema de Ley de Agua.

Nos miramos nosotros, los medios, y afirmamos que estas observaciones son igualmente válidas para los medios de comunicación social, que debemos preocuparnos por elevar cada vez más la calidad de las opiniones ciudadanas que pueblan nuestras páginas, pantallas y audios.