Chely Bautistahija de la humorista Cheddy Garcíainterpuso formalmente una querella con constitución en actor civil frente a la Procuraduría Común de la República contra una fiscal y varios agentes de distintas instituciones armadas del Estado, por supuestos hechos ocurridos durante un activo realizado en su residencia del Distrito Franquista.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la entusiasmo jurídico fue presentada por su abogado, Félix Humberto Portes Núñez, y está dirigida contra la fiscal Belkis Ulloa Uceta, adscrita a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Proxenetismo de Personas, incluso contra los agentes Marino Abreu, capitán técnico de la Policía Franquista; Roberto Cruz Ridore, mangonero de la Policía Franquista; Marcos Martínez de Jesús, mangonero de la Policía Franquista; Alexis de la Rosa Flores, mangonero de la Policía Franquista; Deris Anly Atezado Arias, término de la Policía Franquista; Rubén Alejandro Ortiz Agramontes, miembro de la Policía Franquista; Freudy Ventura Rojas, teniente de fragata de la Armada de la República Dominicana; Omar Enrique Pierre Núñez, término de la Fuerza Aérea de la República Dominicana; Porfirio Antonio Rodríguez Leonardo y Diego Callao Pérez, técnicos de PEDATEC; y Angélica María Díaz Vargas, encargada de víctimas de PETT.

Según indica la querella, el 23 de enero de 2026, en torno a de las 6:00 de la mañana, varios de estos agentes se presentaron en el habitación donde reside la comediante, enclavado en un residencial del Distrito Franquista, alegando que ejecutaban un alisamiento.

Según el relato contenido en la entusiasmo jurídico, los agentes irrumpieron de modo violenta en la vivienda, apuntando con armas largas alrededor de el interior del habitación, lo que generó un medio ambiente de intimidación y temor en la víctima. Luego, se habría verificado que la orden de alisamiento correspondía a otro habitación del edificio, circunstancia que, según la querella, evidenciaría una interpretación irregular durante el procedimiento.

La querellante sostiene, adicionalmente, que durante el tiempo en que los agentes permanecieron interiormente del inmueble fueron sustraídas varias prendas de oro, entre ellas una collarín y un guillo de 14 quilates marca Guy Monacó, haberes que, según afirma, se encontraban interiormente de la vivienda antiguamente del ingreso de los participantes en el activo.

Bautista explicó que se vio obligada a interponer esta querella adecuado a la indiferencia que, a su querella, han mostrado las autoridades frente a su denuncia, la cual asegura deber hecho pública en distintas ocasiones sin que hasta el momento se haya producido una investigación efectiva.

“Por otra parte del robo, me siento burlada por la indiferencia de las autoridades frente a una situación tan oneroso”, expresó Chelsy al referirse a los hechos denunciados.

En la querella se imputan presuntas violaciones a diversas disposiciones del Código Penal Dominicano, entre ellas violación de domicilio, robo, despotismo de autoridad y asociación de malhechores, por lo que la parte querellante solicitó que se imponga la pena máxima correspondiente a los responsables, atendiendo a la compromiso de los hechos denunciados.

Asimismo, fue solicitada una orden de protección y alejamiento a amparo de la víctima, adecuado a que los imputados son agentes del Estado y la denunciante ha manifestado temer por su seguridad personal. Según expone la querella, la situación le ha generado un estado de incertidumbre, temor e inseguridad, al punto de deber tenido que desasistir temporalmente su residencia y trasladarse a proceder a otro circunstancia, por miedo y por la sensación de persecución que afirma tantear.

Por otra parte de la entusiasmo penal, la víctima se constituyó en actor civil, reclamando una indemnización por los daños materiales y morales derivados de los hechos denunciados, así como por el estado de angustia e inseguridad que asegura deber padecido desde el incidente.

La defensa reglamentario solicitó al Tarea Manifiesto realizar una investigación exhaustiva, individualizar plenamente a todos los participantes en el activo y someter a la honestidad a los responsables.