Aseguró que esta preocupación es compartida por democracias consolidadas como los 27 países de la Unión Europeaasí como por Australia, Canadá y naciones de América Latina que abordan el tema conexo a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Maldonado advirtió que aceptar las políticas de estas plataformas digitales como normas universales equivale a ceder en presencia de legislaciones externas y renunciar a la soberanía doméstico.

Agregó que tales intentos de reserva de información no solo afectan la opinión pública, sino que además exponen a los generadores de contenido a manipulaciones tecnológicas amparadas en políticas empresariales.

Recordó adicionalmente que la sentencia TC/0171/20 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, así como el artículo 13 de la Convención Saco sobre Derechos Humanosestablecen claramente los marcos legales para la protección del derecho a la información y la permiso de expresión.

Finalmente, Maldonado afirmó que el país se encuentra en presencia de una oportunidad valiosa para luchar de forma profunda las implicaciones de estas prácticas sobre la democracia, la permiso de prensa y el adiestramiento de un periodismo exento y responsable.