Está sobreentendido que el poder reposa en las funciones naturales asignadas al Estado, como son las de dictar las leyes para regular las relaciones sociales y velar por su cumplimiento, a través del poder contencioso.

En tal sentido, corresponde al Estado aceptar la responsabilidad del orden, la seguridad interior y frente al foráneo, en caso de atropello, cruzada o atentado proveniente de otro Estado.

Es en tal contexto que en el situación de las funciones del Estado está la competencia monopolio en política foráneo con otros Estados.

Conocido así, incumbe al Estado la talento monopolio de cobrar impuestos para financiar los servicios públicos, infraestructuras, prestaciones, dirigir la hacienda con leyes equitativas que regulan el mercado profesional y la actividad empresarial, tramitar los servicios públicos como la educación, la lozanía, las infraestructuras viales, el control de los puertos, aeropuertos y el sistema energético.

Hay que poner de relieve que la existencia de elecciones, pura y simple, no es un indicador suficiente para afirmar que un gobierno o régimen es demócrata ya que se hace mandatorio que se conjugan otras características.

Dichas características han de reponer a la concepción de que la democracia debe ser entendida como un sistema político y una forma de ordenamiento social que implica respeto por los derechos humanos, emancipación individual, emancipación para la asociación y beligerancia política, presencia de múltiples partidos políticos, distribución equitativa del del poder en diferentes actores sociales, rotación en el poder y muro del poder de los gobernantes.

Hay que resaltar que, en cualquier tipo de maniquí de dirección de la sociedad, existe un entidad fundamental que es el Estado, que es la ordenamiento humana que albarca la totalidad de la población de un paísestructurada social, política y económicamente mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en sociedad.

Esto significa que un Estado equivale al conjunto de atribuciones y órganos públicos que constituyen el gobierno soberano de una nación, y en ocasiones, el término es usado igualmente para referirse a la nación como un todo, el cual ha de ser obligado como tal, deberá contar con ciertas condiciones, pero igualmente con el agradecimiento internacional de sus pares, amparado y forrado en la legalidad.

Lo expuesto son razones poderosas que conducen a entender que el Estado interviene en la hacienda, básicamente, porque el mercado es incapaz, por sí solo de sostener el inmejorable funcionamiento financiero, ni de resolver los problemas causados por el mismo mercado.

Es en tales circunstancias que el Estado proporciona un situación reglamentario y social en el interior del cual los participantes en el mercado compran y venden caudal y servicios producidos con los posibles escasos de la hacienda.

La intervención del Estado en la hacienda obliga a que este haya de ser agente de cambio social y transformación económica permanente. Para ello requiere de un trasto oficinesco que funcione competente y segregadamente con el objetivo primordial de apoyar a las inversiones privadas y a la creación de infraestructura asumiendo los riesgos y promoviendo nuevas áreas de inversión con impacto directo en la hacienda y el bienestar colectivo de la sociedad.

Corresponde al Estado propiciar la décimo de los diversos grupos sociales en el ampliación, mediante la elaboración efectiva de la política económica en la cual se relacionen aspectos políticos y económicos, ya que dicha política se enfrenta permanentemente a la aprieto de regular un sistema que atienda a la inestabilidad económica, social y política.

Esto así ya que la política económica es fruto de conflictos entre grupos y clases que tienden a consolidar, crear o disolver equilibrios político-sociales en el campo financiero, el cual se engendra en la lucha de intereses.