EL AUTOR es Master en Diligencia y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

Tras el azote mundial de la pandemia del COVID-19 en 2020, la República Dominicana ha enfrentado una nueva ola de tragedias no menos preocupantes: una sucesión de catástrofes causadas por accidentes de tránsito, explosiones en plantas de gas, incendios, derrumbes estructurales y fenómenos naturales como huracanes e inundaciones. Estos hechos, más allá de su dolorosa carga humana y material, ponen en evidencia fallas sistémicas: la yerro de cumplimiento de normas de seguridad, protocolos obsoletos y una preocupante amor en los mecanismos de supervisión estatal.

Desde 2021 hasta mediados de 2025, el país ha sido tablado de al menos una decena de eventos trágicos que, por su magnitud y consecuencias, pueden ser considerados auténticas catástrofes. A diario, las estadísticas de muertes por accidentes de tránsito se engrosan con cifras alarmantes; las explosiones en estaciones de gas, ubicadas peligrosamente en zonas urbanas densamente pobladas, han segado vidas inocentes; y las tormentas tropicales, acullá de ser fenómenos imprevisibles, han provocado muertes y desplazamientos que podrían haberse evitado con una mejor preparación y planificación ministerial.

Entre los acontecimientos más impactantes del periodo destacan:

1. El derrumbe de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, el 8 de abril de 2025, durante un evento con el comediante Rudy Pérez, dejó un saldo trágico de 236 fallecidos y 180 heridos, convirtiéndose en uno de los mayores desastres urbanos de las últimas décadas.
2. La crisis en la manufactura Vidal Plast de San Cristóbal, ocurrida el 14 de agosto de 2023, a causa de un tanque de gas de 500 galones, provocó 37 muertes y más de 60 heridos.
3. Las inundaciones del 17 y 18 de noviembre de 2023, provocadas por lluvias torrenciales, causaron 34 fallecidos, 37,000 desplazados y pérdidas económicas que ascendieron a cientos de miles de millones de pesos, según el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Otros hechos relevantes incluyen:

• La crisis en Coopegas, Licey al Medio, el 3 de octubre de 2020.
• La crisis en Verdún Gas, San José de las Matas, el 24 de enero de 2021.
• La fuga de gas en Sosúa, Puerto Plata, que causó el derrumbe de un edificio y varios heridos en un oficina de abogados, el 21 de enero de 2025.
• El incendio en SOLGAS, sector Los Ríos, el 16 de febrero de 2021.
• El siniestro en Marriot Gas, Alma Rosa II, el 6 de enero de 2021.
• El incendio en la Distribuidora San José, en San Pedro de Macorís, el 14 de octubre de 2023.
• El choque del autobús turístico en la circunvalación Verón-Bávaro, el 12 de agosto de 2024, con 2 muertos y 24 heridos.

A estos hechos se suman las estadísticas recopiladas por la Oficina Doméstico de Estadística (ONE) entre 2007 y 2021, que revelan un promedio anual de 1,840 muertes por accidentes de tránsito, representando el 42.7% de las causas de asesinato violentas, seguidas por 1,322 homicidios anuales (30.7%) y un 15.3% por suicidios. En abriles como 2010 y 2019, las muertes por accidentes superaron las 2,100 víctimas.

En 2024, la tasa de homicidios alcanzó el 16.4 por cada 100,000 habitantes, pero solo en abril de 2025, con el desplome del Jet Set, se registraron 236 muertes accidentales, superando en un 226% las muertes por homicidios anuales, según estimaciones proyectadas.

Estas cifras y eventos, más que estadísticas frías, son señales inequívocas de un problema estructural. Las explosiones en centros urbanos, los derrumbes evitables y los accidentes de tránsito no son simples infortunios: son síntomas de un Estado que no ha conseguido acorazar sus políticas de prevención, renovar sus normativas ni profesar una fiscalización efectiva sobre las condiciones de seguridad pública.

El país parece conducirse en un perenne estado de vulnerabilidad. La improvisación, la permisividad y la indiferencia institucional se han convertido en cómplices silenciosos de la tragedia. Mientras tanto, miles de ciudadanos continúan pagando con su vida el precio de la inacción.

Ha llegado el momento de una consejo profunda y comprometida. Es imprescindible que el gobierno, los municipios, las empresas y la sociedad civil asuman con responsabilidad su rol en la creación de un entorno más seguro. La vida humana no puede seguir dependiendo del azar ni de la suerte: urge construir una civilización de prevención actual, basada en normas claras, educación ciudadana y fiscalización rigurosa. Porque toda catástrofe anunciada, cuando no se evita, se convierte en una tragedia evitable… y luego, imperdonable.

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