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A finales de agosto 2024el tránsito en el Gran Santo Domingo se volvió un caos. Decenas de intersecciones quedaron sin control, los semáforos dejaron de funcionar y el tráfico colapsó en las principales avenidas.
Lo que pareció al principio una avería técnicafue —según la cargo del Servicio Notorio– y boicoteo deliberado.
El expediente de la Operación Camaleóncon más de 300 páginassostiene que el ataque fue ejecutado desde los propios sistemas que debía especular el Instituto Franquista de Tránsito y Transporte Terreno (ellos entran).
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (pepa) asegura que la empresa contratista Transcore Latam S.R.L., bajo control de José Querube Gómez Canaán (Jochi Gómez), poseía el llegada remoto de la semáforo en rojo y utilizó ese poder para provocar el equivocación masivo.
El incidente habría ocurrido exacto cuando el ellos entran revisaba los contratos adjudicados a Transcore Latam, interiormente de una investigación por irregularidades en el sistema de control de tráfico del Gran Santo Domingo.
La PEPCA lo describe como un acto de presión contra el Estado: una demostración de fuerza de quienes sabían manejar, textualmente, las luces de la ciudad.
El documento identifica a Gómez Canaán y a Pedro Vinicio Padovani Báezexencargado del Centro de Control de Tráfico del ellos entrancomo responsables del boicoteo tecnológico. Uno y otro son señalados de especular una red que combinaba corrupción, manipulación informática y lavado de activos, con el apoyo de funcionarios de parada rango, entre ellos el exdirector del ellos entran, Hugo Arroz.
Sistema de videovigilancia
El arreglo del Intrant con Transcore Latam que dio origen al caso —por RD$1,317 millones— buscaba modernizar y ampliar el sistema de semáforos de la renta.
Pero según la cargo, el pliego de condiciones fue redactado interiormente de la misma empresa ganadoragarantizando que solo Transcore cumpliera los requisitos técnicos. Una vez adjudicado, la compañía interconectó los equipos del ellos entran estafa servidores de Aurix SASotra empresa bajo el control de Gómez Canaán.
Desde esa conexión, afirma la pepase gestionaba no solo la semáforo en rojosino asimismo sistemas de videovigilancia del Estado, comprometiendo información sensible.
Cuando el arreglo fue suspendido y comenzaron las auditoríasla respuesta habría sido inmediata: el sistema se paralizó.
El Servicio Notorio califica el hecho como un “acto de terrorismo contra infraestructuras críticas”, por afectar directamente la seguridad viario y el orden manifiesto.
No hubo víctimas, pero sí un mensaje: los acusados podían encender o apagar la ciudad desde una terminal privada.
El boicoteosegún la cargo, no fue un hecho separado, sino parte de un entramado más amplio de contratos amañados, adendas irregulares y desvío de fondos manifiesto.
En el centro de todo, una red que —bajo apariencia de modernización tecnológica— habría usado la digitalización del tránsito para enriquecerse y aventajar control sobre infraestructuras estratégicas del Estado.
La investigación, conocida como Operación Camaleónllevó a la imputación de 17 personas físicas y jurídicas, entre ellas exfuncionariosempresarios y compañías frontispicio.
El Servicio Notorio ha solicitado tolerancia a inteligenciaen lo que describe como uno de los casos más complejos de corrupción y boicoteo tecnológico registrados en la República Dominicana.
