La jueza Patricia Padilla, del Segundo Auditoría de la Instrucción del Distrito Doméstico, otorgó una prórroga de cuatro meses al Tarea Divulgado para concluir la investigación y presentar cargo contra el exdirector del Instituto Doméstico de Tránsito y Transporte Terreno (Intrant), Hugo Beras, José Gracia Gómez Canaán (Jochi) y otros procesados en Operación Camaleón por incurrir en delitos de corrupción administrativa y crimen organizado.

El Tarea Divulgado sustentó la petición en las diligencias pendientes producto del prominencia y complejidad del expediente. Al otorgar la prórroga, la jueza fijó como data tope el 8 de octubre del presente año para la presentación de la cargo formal.

Wilson Camacho, Director Universal de Persecución del Tarea Divulgado y la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezaron el equipo de fiscales litigantes en la audiencia. Camacho y Ortiz estuvieron acompañados por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Arolin Lemos y Miguel Collado.

“En la audiencia de hoy, el Tarea Divulgado presentó la solicitud de prórroga amparado en una serie de nociones que hicieron al tribunal reflexionar sobre que, efectivamente, el plazo inicialmente otorgado, conforme a la norma procesal penal, era insuficiente para culminar la investigación”, explicó Ortiz.

Señaló por otra parte que los procedimientos aún en curso no obedecen a negligencia ni retraso institucional, sino al “gran cúmulo de evidencias que tiene este caso, sobre todo, evidencia de índole tecnológica que han dificultado la culminación de ciertas experticias”.

Consideró que el tribunal actuó de modo correcta al otorgar la prórroga establecida en el Código Procesal Penal, de cuatro meses, para concluir con la período investigativa. “En ese plazo estaremos presentando el acto conclusivo propio de este proceso”, dijo.

Sobre la posibilidad de incluir nuevos imputados en el proceso explicó a los periodistas que la abordaron: “Ustedes saben que nuestras operaciones siempre se caracterizan por continuar con las líneas investigativas, lo que quiere afirmar que existe la posibilidad de que se añadan nuevas personas con la presentación del acto conclusivo”.

El proceso procesal incluye como imputados, por otra parte de Hugo Beras,  exdirector del Intrant, y  José Gracia Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S., a Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras frente a el Comité de Compras del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director oficinista y financiero, y Carlos José Peguero Vargas.

Los imputados son señalados como miembros de una red de corrupción y crimen organizado, vinculada a delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, boicoteo, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad.

Dichos ilícitos están tipificados y sancionados en el artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana, así como en los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405 del Código Penal. Además se aplican la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Suscripción Tecnología; la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito y el Contrabando; la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.