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El Pregonero, Santo Domingo.– El ambientalista y coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Luis Carvajal, afirmó este miércoles que el convenio firmado entre el Estado dominicano y Consorcio Azucarero Central (CAC) sobre el manejo del agua es “inconstitucional e ilegal”, al tiempo que advirtió que dicho acuerdo representa “un desastre de naturaleza social y ambiental”.
Durante una entrevista en el software Matinal Su Mundo, Carvajal explicó que el convenio, suscrito en 2021 por el Ocupación de Medio Concurrencia y el Instituto Franquista de Medios Hidráulicos (INDRHI), otorga un control desproporcionado del agua al consorcio privado, incluyendo la filial del dique de Santana, lo que a su sumario constituye una violación al principio constitucional que establece que el manejo de los posibles hídricos es una función intransferible del Estado.
“Ese convenio es inconstitucional. Primero, porque asigna un memorial por encima de las prioridades que establece la Constitución; segundo, porque transfiere la administración del agua a una entidad privada; y tercero, porque crea un sistema de privilegio y subsidio a costa del resto de la sociedad”, detalló el práctico.
Comisión de investigación presenta referencia sobre la Lago de Cabral
Asimismo, aseguró que la Comisión Ambiental de la UASD y la Corporación de Ciencias ya tienen diligente un referencia técnico que será entregado al presidente de la República, al Senado y al Ocupación de Medio Concurrencia, donde se recomienda anular el convenio y establecer un caudal ecológico obligatorio para avalar la preservación de los ecosistemas.
En el referencia presentado, se solicita que el Congreso declare ineficaz el convenio o que el presidente actúe para su anulación. Como explicó Luis Carvajal:
“Nosotros estamos pidiendo en el referencia que el Congreso simplemente lo declare ineficaz o que el presidente… estamos pidiendo por varias vías su pelotón, pero uno de los fundamentos debe ser ese. Ciertamente, creo que ha habido… No es un descuido del movimiento ambiental y de los sectores sociales, sino el hecho de pelear tan de modo inmediata con la ingenuidad. No llego a entender, porque óigame, ese convenio lo conoce poca gentío.”
Asimismo, Carvajal destacó las responsabilidades legales de los funcionarios del Estado delante las violaciones ambientales:
“Mire, la ley 6400 establece primero que cualquier violación… aquí hay claras violaciones a las leyes ambientales, hay otras violaciones además por las leyes ambientales, ellos son pasibles, no solamente de multa, de ratificación, pero además es responsable… los funcionarios del estado, que por negligencia, por inacción, por complicidad, por cualquier otra causa, hayan permitido que esto ocurriese aún cuando se estaban enterados.”
Entre 20 y 30 mil personas dependen de la Lago Cabral
Carvajal agregó que el acuerdo le permite al consorcio utilizar más de dos terceras partes del agua del río Yaque del Sur, situación que ha agravado la crisis ecológica en la Lago de Cabral o Lago del Rincón, de la que dependen entre 20 y 30 mil familias por la pesca y la agricultura.
Escasez de agua es absoluta; el Estado debe intervenir
Asimismo, Carvajal señaló que la región sur enfrenta un debe estructural de agua, con una demanda que supera en más del 123% la disponibilidad presente, lo que calificó como una situación de “escasez absoluta”.
“Hay menos agua de la que se necesita y se le está entregando casi toda a una sola entidad, ignorando las funciones primarias de los ecosistemas y el derecho de las comunidades”, subrayó.
Finalmente, advirtió que la crisis hídrica y ambiental en la Lago de Cabral tiene ya consecuencias sociales graves, con comunidades movilizadas delante la pérdida de su principal fuente de sustento.
“La omisión es hoy un desastre ecológico, crematístico y social. Es urgente que el Estado asuma su papel en la administración del agua y corrija este error histórico”, concluyó.
