Santo Domingo. — Una red de más de 30 empresas habría operado durante abriles manipulando procesos de subasta pública para concentrar contratos millonarios en instituciones del Estado como el Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos, según revela un expediente depositado la semana pasada en presencia de la Procuraduría Militar de la República por la Dirección Militar de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Dispositivo Antifraude de la Contraloría.

El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, definió esta estructura como un “cártel de proveedores”, comparándolo con las redes del narcotráfico por su nivel de estructura y coordinación.

“Este caso está orientado de forma muy clara a una estructura de proveedores organizada, que es un cártel. Un comunidad de mafiosos reunidos con un fin”, declaró Pimentel en entrevista para N Investiga.

De acuerdo con el reportaje, esta es la primera vez que un organismo del Estado califica como cártel a una red de empresas que actuaban en colusión, presentándose en conjunto, rotando adjudicaciones y concentrando contratos multimillonarios.
Entre las firmas señaladas figuran Inversiones Q-Tek, Tingley Business SRL y Empresas Integradas SAS, cuyos vínculos y patrones de contratación habían sido advertidos por N Investiga desde 2022.

Los reportajes previos mostraron cómo estas compañías —vinculadas a Munir Manuel Kury Hazoury— se beneficiaban mediante “candados” en los pliegos de condiciones, como la exigencia de cartas de autorización del fabricante, una maña que reducía la competencia y direccionaba los contratos alrededor de oferentes previamente concertados.

En algunos casos, esas cartas eran solicitadas incluso para la transacción de alimentos básicos como arroz, unto o habichuelas, poco que contraviene la naturaleza técnica del requisito. Esta maniobra se repitió tanto en el Plan Social como en los Comedores Económicos, incluso a posteriori de haberse denunciado públicamente.

A pesar de las advertencias, las mismas empresas continuaron recibiendo adjudicaciones. En septiembre pasado, por ejemplo, el Plan Social pagó 904 millones de pesos en una subasta para pescar productos alimenticios, donde Inversiones Q-Tek y Empresas Integradas SAS concentraron más de 554 millones, con precios hasta un 60 % más altos que en otros procesos del mismo Estado.

En otra subasta de abril de este año, Empresas Integradas recibió más de 140 millones e Inversiones Q-Tek más de 523 millones por la transacción de electrodomésticos, representando el 98 % del monto total adjudicado.

El reportaje todavía documenta falsificación de registros sanitarios, testaferros en compañías recién creadas y amenazas a proveedores competidores, prácticas que, según Pimentel, son comunes en redes de corrupción público-privada:

“En los casos de corrupción que hemos conocido hasta este momento siempre está la billete público-privada. No es posible solo un funcionario ni solo un proveedor”, señaló.

Tras estas revelaciones, Contrataciones Públicas emitió la circular 2025-0008, eliminando definitivamente la carta de autorización del fabricante, y anunció que el expediente será remitido por otra parte a ProCompetencia, para investigar posibles acuerdos ilegales de manipulación del mercado estatal.

El expediente llega en un contexto en que la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, promulgada en julio, promete restablecer las sanciones y responsabilidades penales para funcionarios y proveedores.

“Esta ley devuelve el sistema de consecuencias al sistema de contrataciones. Establece sanciones administrativas y penales de hasta diez abriles de prisión”, destacó Pimentel.

La investigación de N Investiga concluye que el llamado cártel de proveedores no solo drenó fondos públicos, sino que expuso la fragilidad del sistema de compras del Estado, donde por abriles los mismos actores han controlado, desde la sombra, las reglas del maniobra.