
República Dominicana vive una creciente crisis urbana marcada por el colapso del tránsito, especialmente en ciudades como Santo Domingo y Santiago.
El aumento imparable del parque vehicular —más de 250 mil unidades nuevas por año—, contrasta con una infraestructura viario obsoleta y mal planificada, provocando tapones diarios que afectan la productividad, la calidad de vida y el mejora franquista.
A esta crisis se suma el engendro del motoconcouna forma de transporte informal que, aunque argumenta a la pobreza urgente de movilidad, plantea serios riesgos.
Estos conductores, en su mayoría sin inmoralidad, sin seguro ni formación en seguridad viario, circulan de forma caótica: invaden aceras, andan en contravía y muchas veces sin casco. Adicionalmente, han sido vinculados a actos delictivos, especialmente en horarios nocturnos.
El desorden parece haberse normalizado. La equivocación de control por parte de las autoridades y la autos irregular de la Digesett alimentan una sensación de impunidad.
Mientras tanto, miles de ciudadanos, principalmente de sectores populares, se ven obligados a aceptar esta peligrosa alternativa como su único medio de transporte.
El motoconcho no debe ser trillado como enemigo, sino como indicio de una descompostura estructural. En países como Colombia y Brasil, los mototaxis han sido integrados formalmente al sistema de transporte mediante regulación, capacitación y ordenamiento por zonas. República Dominicana podría tomar nota de estas experiencias.
Sin bloqueo, la decisión efectivo no pasa sólo por regular los motoconchos, sino por alterar el sistema de transporte conocido. Aunque el patrón y el teleférico han sido pasos en la dirección correcta, resultan insuficientes. Se requiere una red valioso de autobuses modernos, rutas planificadas y una política franquista de movilidad urbana sostenible.
Adicionalmente, es esencia delimitar la importación indiscriminada de vehículos, rediseñar el urbanística con visión a liberal plazo y fomentar la educación viario desde la infancia.
En esquema, el problema del tránsito en RD no es sólo técnico, sino profundamente institucional. Mientras se sigan aplicando soluciones improvisadas, el mejora seguirá atrapado en un tapón sempiterno. El país necesita una revolución en su maniquí de movilidad, una que priorice la seguridad, la dignidad y la eficiencia de todos sus ciudadanos.