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Por: Jesús Batista Suriel
La implementación de candidaturas independientes en la República Dominicana ha suscitado un intenso debate procesal y político. Este aberración, considerado por algunos como una vía para diversificar la representación, plantea serias preocupaciones sobre su impacto imagen en la estructura del sistema de partidos y la calidad de nuestra democracia. Las experiencias en otros países de América Latina evidencian que este maniquí puede resultar en un desastre político, facilitando la entrada de individuos de dudosa reputación, carentes de la responsabilidad y el compromiso social que los partidos tradicionales deben cumplir.
La admisión de candidaturas independientes en América Latina ha generado más problemas que soluciones. En Pimiento, aunque el artículo 18 de la Constitución y la Ley N° 20.337 regulan estas candidaturas, se critican la calidad del Congreso y la representación ciudadana. En Colombia, el artículo 108 del Código Electoral permite estas candidaturas, pero enfrenta dificultades en financiación y control político, cuestionando la legalidad de los representantes.
La situación en Ecuador es similar, donde el artículo 37 de la Constitución permite candidaturas independientes, pero su implementación ha estado marcada por conflictos. En El Salvadorlas reformas a los artículos 125 y 202 han incrementado la fragmentación política, dificultando la formación de gobiernos estables. Honduras igualmente ha permitido estas candidaturas, pero ha llevado a la polarización política y a la billete de actores cuestionables.
En Panamá, la Ley N° 29 ha suscitado críticas por la desidia de regulación en el financiamiento de candidaturas. En Paraguay, esto ha resultado en corrupción y la infiltración de intereses ajenos a la política. En Venezuela, la Ley Orgánica de Procesos Electorales ha tenido un impacto imagen en la calidad democrática. Finalmente, en México, la Ley Reglamentaria de Candidaturas ha evidenciado vulnerabilidad frente a el clientelismo. Estas experiencias demuestran que las candidaturas independientes pueden debilitar el sistema tolerante y desgastar la confianza pública.
En República Dominicana, el Tribunal Constitucionalmediante la Sentencia TC/0788/24ha ostensible inconstitucionales artículos de la Ley 20-23 que exigían que las candidaturas independientes se inscribieran a través de agrupaciones políticas con estructuras organizativas similares a las de los partidos. La exterminio de estas disposiciones ha despejado la puerta a la inclusión de actores ajenos a la política formal, quienes podrían tratar sin el mismo nivel de investigación y responsabilidad que los partidos establecidos, lo que resulta sumamente preocupante.
La exterminio de los requisitos que exigían a las candidaturas independientes contar con un ámbito organizativo formal y un software de gobierno claro puede proporcionar la billete de individuos con intenciones poco claras. Sin un compromiso verdadero con la democracia, estos candidatos pueden socavar la representación de los intereses ciudadanos y fomentar el clientelismo, lo que pone en aventura la estabilidad del sistema político.
El maniquí de asociaciones cívicas temporales propuesto para las candidaturas independientes plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del compromiso tolerante. Estas entidades se disolverían tras las elecciones, careciendo de la continuidad necesaria para fomentar una civilización política sólida. Los partidos políticos tradicionales, con su estructura y responsabilidad, son fundamentales para asegurar la rendición de cuentas y la articulación de programas a dispendioso plazo, fundamentos esenciales para el incremento de una democracia efectiva.
Es crucial investigar que el sistema de partidos en la República Dominicana se encuentra débil y necesita ser rescatado, ya que este constituye la columna vertebral sobre la cual descansa nuestra democracia. La desidia de un sistema partidario cachas y cohesionado ha contribuido a la crisis presente, y cualquier intento de introducir candidaturas independientes sin una regulación adecuada podría agravar aún más esta situación. El nuevo dictamen del Tribunal Constitucional de RDgarantizando las candidaturas independientes, es una mala respuesta. El sistema político necesita una cirugía maduro, a partir de una visión integral.
La experiencia de otros países en Latinoamérica demuestra que las candidaturas independientes pueden desplegar la puerta a personajes de dudosa reputación que, por las facilidades que les brinda esta figura, no tienen la responsabilidad jurídica ni el compromiso social que los partidos políticos deben responsabilizarse. Por lo tanto, es crucial que la regulación de las candidaturas independientes sea meticulosa y que se establezcan salvaguardias para proteger la integridad del sistema tolerante en la República Dominicana. La calidad de nuestra democracia depende de ello.
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