Por Danylsa Vargas

La intrepidez del Senado de la República Dominicana de eliminar del plan de ley electoral los artículos que regulaban las candidaturas independientes ha reabierto un debate crucial sobre la relación entre el Congreso y la neutralidad constitucional.

La discusión surge luego de una sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que estableció criterios sobre el derecho de ciudadanos a postularse sin pertenecer a partidos políticos. A partir de esa intrepidez, el Congreso tenía el desafío de traducir ese principio constitucional en reglas claras interiormente de la carta electoral.

Sin incautación, la respuesta del Senado ha sido eliminar los artículos que buscaban regular esas candidaturas, devolviendo el tema a un halo sumarial que genera más preguntas que respuestas.

¿Es esto un desafío al Tribunal Constitucional?
No necesariamente en términos formales, pero sí abre un espacio de tensión institucional.

El Congreso tiene la autorización de codificar y osar cómo disponer las leyes. Pero cuando una sentencia constitucional fija parámetros claros sobre derechos políticos, ignorarlos o posponer su regulación puede interpretarse como una forma indirecta de equilibrar el magnitud de esa intrepidez.

Más allá del debate sumarial, el fondo del asunto es profundamente político.

Las candidaturas independientes representan poco que los partidos tradicionales prefieren evitar: competencia fuera del sistema partidario. Y esa competencia tiene un huella que podría ser saludable para la democracia dominicana.

Obligaría a los partidos a revisarse.

Durante décadas, las organizaciones políticas han funcionado como estructuras cerradas, muchas veces alejadas de la ciudadanía y dominadas por élites internas. La posibilidad de que ciudadanos sin partido puedan competir introduce un ambiente de presión democrática: si los partidos no conectan con la concurrencia, otros podrían hacerlo sin privación de sus estructuras.

En ese sentido, las candidaturas independientes no son una amenaza a los partidos.
Son un recordatorio de su razón de ser.

Los partidos políticos no existen para defenderse a sí mismos, sino para representar a la sociedad. Cuando dejan de cumplir esa función, la democracia lógicamente rastreo otras vías de representación.

Por eso, el real debate no debería ser si las candidaturas independientes incomodan al sistema político.

La pregunta es otra:

¿Está el sistema político dispuesto a irse o seguirá cerrando las puertas cada vez que la ciudadanía intenta entrar por otra vía?

Porque si poco demuestra esta discusión es que el miedo a la competencia política sigue siendo, en muchos casos, más válido que el compromiso con una democracia verdaderamente abierta.

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